SAN SALVADOR.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que el país centroamericano continúa reduciendo sus niveles de criminalidad y se encamina a convertirse en el más seguro del mundo. Su afirmación se produce en medio de un descenso sostenido de los homicidios, pero también de cuestionamientos por las detenciones masivas y las denuncias de violaciones de derechos humanos asociadas al régimen de excepción vigente desde marzo de 2022.
«Aunque las tasas de criminalidad ya están en niveles extremadamente bajos, aún las estamos reduciendo más», escribió el mandatario en la red social X. El mensaje respondió a una publicación que atribuía al país una tasa de 0,97 homicidios por cada 100.000 habitantes hasta octubre, con 48 muertes. Bukele no confirmó ni desmintió directamente esos datos.
Las cifras oficiales citadas por la Fiscalía General de la República (FGR) sitúan en 49 los homicidios registrados hasta agosto de 2026, frente a los 82 contabilizados durante todo 2025. No obstante, estas estadísticas tienen límites: las autoridades no incluyen como homicidios las muertes de presuntos delincuentes en enfrentamientos con agentes o abatidos por ciudadanos, los restos óseos encontrados en fosas clandestinas ni las muertes de personas bajo custodia estatal.
La reducción de la violencia también fue destacada recientemente por la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La funcionaria señaló que la tasa de homicidios pasó de 103 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 1,3 en 2025.
Cuando Bukele llegó a la Presidencia, a mediados de 2019, el indicador había descendido a aproximadamente 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. El mandatario ha presentado estos resultados como una referencia para otros países afectados por la violencia de las pandillas y defendió esa experiencia durante su intervención ante la Asamblea General de la ONU.
El principal instrumento de esa estrategia es el régimen de excepción, aprobado por la Asamblea Legislativa a petición del Gobierno y prorrogado desde marzo de 2022. Las autoridades sostienen que la medida ha permitido reducir los asesinatos y debilitar a las estructuras criminales, en el marco de una ofensiva que acumula más de 93.000 detenciones.
Sin embargo, la aplicación de esta política también ha generado más de 6.000 denuncias de presuntos atropellos a los derechos humanos, además de alrededor de 570 muertes de personas detenidas, de acuerdo con los datos citados en los reportes sobre la situación del país. Estas cifras mantienen abierto el debate sobre los costos humanos de la estrategia de seguridad.
Bukele ha defendido la continuidad del régimen mediante una comparación médica. El lunes, sostuvo que la violencia de las pandillas se encuentra en remisión, pero advirtió que podría regresar si se retira la medida. Para explicar su posición, comparó el régimen de excepción con una quimioterapia destinada a impedir que el problema vuelva a extenderse.
«Si nosotros retiramos la quimioterapia (régimen de excepción), el cáncer va a regresar», afirmó el mandatario durante una conferencia.
El contraste entre la drástica reducción de los homicidios reportados y las denuncias relacionadas con las detenciones constituye uno de los principales puntos de discusión sobre el modelo salvadoreño. Aunque el Gobierno presenta los resultados como evidencia de la eficacia de su política, la evaluación de la seguridad también depende de qué muertes se contabilizan y de las garantías aplicadas durante los operativos.
Crédito: EFE
