BOGOTÁ.- Miles de colombianos salieron a las calles de una decena de ciudades para expresar su rechazo a las primeras decisiones del presidente Abelardo de la Espriella, en una jornada de paro y movilizaciones que puso a prueba la capacidad de convocatoria de la oposición y elevó la tensión política con la advertencia de una posible huelga general en noviembre.
Las manifestaciones del miércoles 14 de octubre reunieron a sindicatos, docentes, estudiantes universitarios, comunidades indígenas, colectivos feministas y organizaciones LGBTI, entre otros sectores. Las demandas abarcaron asuntos laborales, educativos, económicos y territoriales, además de cuestionamientos a la orientación política del nuevo Ejecutivo, que asumió el poder hace dos meses.
Bogotá concentró la principal movilización, con cuatro marchas que confluyeron en la Plaza de Bolívar. También se registraron concentraciones en Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga y Cúcuta. Durante las primeras horas de la jornada no se reportaron incidentes de relevancia en las principales manifestaciones.
El descontento se dirige, entre otros puntos, contra los recortes anunciados en instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), así como contra la eliminación de subsidios a la electricidad, especialmente en la región Caribe.
El senador Wilson Arias, del izquierdista Pacto Histórico, defendió la oportunidad de las protestas y sostuvo que las medidas del Gobierno justifican la movilización ciudadana. Entre los manifestantes también se escucharon consignas en defensa de los derechos humanos, la educación gratuita y la vida, junto con críticas a la cercanía del Ejecutivo con Washington.
El decreto que elevó la tensión
La jornada coincidió con la entrada en escena de una nueva regulación sobre la actuación policial durante las manifestaciones. El presidente firmó el Decreto 1525 de 2026 el martes 13 de octubre, un día antes de las movilizaciones, lo que intensificó las preocupaciones de sectores opositores sobre el alcance de las intervenciones de la fuerza pública.
La norma establece procedimientos para el diálogo, la mediación y el uso de la fuerza ante situaciones de violencia o bloqueos. También dispone que, cuando se produzcan actos violentos, las autoridades puedan intervenir contra sus responsables sin esperar a que concluya el diálogo con el conjunto de los manifestantes.
El Gobierno defiende la medida como un mecanismo para proteger la protesta pacífica y evitar agresiones, daños a bienes y obstrucciones que afecten servicios esenciales. De la Espriella ha sostenido que el derecho a manifestarse no ampara la violencia ni acciones que impidan el paso de ambulancias o el acceso a alimentos y medicamentos.
Desde la oposición, el senador Iván Cepeda interpretó el decreto como un intento de intimidar a quienes cuestionan las políticas oficiales. Durante su participación en la concentración de Bogotá, afirmó que el Gobierno pretende debilitar el diálogo que, a su juicio, había permitido canalizar las protestas de forma pacífica.
Cepeda también acusó al Ejecutivo de actuar de manera autoritaria y de poner en riesgo avances sociales impulsados durante la Administración de Gustavo Petro, quien gobernó entre 2022 y 2026. El expresidente acudió brevemente a la movilización capitalina, aunque no pronunció un discurso ante los asistentes. Posteriormente publicó en X el mensaje: «El pueblo no se rinde, carajo».
El procurador general, Gregorio Eljach, reconoció la protesta social como un derecho, pero insistió en que debe desarrollarse dentro de límites que garanticen su carácter pacífico.
La oposición contempla una huelga general
Las movilizaciones podrían ser el inicio de una estrategia de presión más prolongada. El exministro de Trabajo Antonio Sanguino advirtió que los sectores opositores podrían convocar un paro nacional indefinido en noviembre si el Gobierno mantiene medidas que consideran contrarias a los derechos laborales y sociales.
Sanguino, integrante de Alianza Verde y funcionario durante el Gobierno de Petro, sostuvo que habrá nuevas jornadas de protesta si el Ejecutivo insiste en su agenda. A su entender, las decisiones adoptadas hasta ahora amenazan reformas y garantías sociales de la Administración anterior.
La advertencia deja abierta la posibilidad de que el conflicto político pase de las manifestaciones puntuales a una movilización sostenida. No obstante, la convocatoria de una huelga general indefinida todavía depende de las decisiones que adopten los sectores sindicales y opositores durante las próximas semanas.
Las protestas del 14 de octubre se suman a otras expresiones de inconformidad registradas recientemente en Bogotá, incluidas manifestaciones de sectores culturales contra los recortes presupuestarios, movilizaciones feministas en defensa del derecho al aborto y una marcha de solidaridad con Palestina el 7 de octubre.
El desafío para el Gobierno será gestionar el creciente rechazo a sus primeras medidas sin agravar la disputa sobre las garantías para la protesta. Para la oposición, el reto consistirá en convertir la participación en las calles en una presión organizada y sostenida capaz de influir en la agenda del Ejecutivo.
