La investigación denominada Operación Onco14 ha colocado bajo la lupa una presunta estructura que, según el Ministerio Público, habría desviado recursos destinados a la atención de pacientes oncológicos mediante maniobras fraudulentas que afectaron al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC). Las autoridades sostienen que las operaciones investigadas provocaron pérdidas millonarias vinculadas a fondos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Entre los principales señalados figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta y exvicepresidenta del patronato. De acuerdo con la acusación, los imputados habrían utilizado tanto entidades sin fines de lucro como estructuras corporativas para canalizar y distraer recursos de manera irregular.
Mientras avanzan las pesquisas, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago aplazó la audiencia de conocimiento de medida de coerción contra los tres procesados. La jueza Estefanía Reyes dispuso que el proceso continúe este jueves 25 de junio a las 4:00 de la tarde, cuando las partes desarrollarán la fase de réplica y contrarréplica antes de que el tribunal adopte una decisión sobre las medidas solicitadas.
Durante la presentación de sus argumentos, el Ministerio Público requirió 18 meses de prisión preventiva para los acusados y solicitó que el expediente sea declarado de tramitación compleja. La petición se fundamenta en la cantidad de hechos investigados, el número de personas involucradas y la gravedad de los delitos atribuidos, entre ellos asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos tecnológicos y lavado de activos.
La acusación describe un entramado de operaciones que incluiría fraude clínico y farmacéutico, doble facturación al SeNaSa, uso de sellos médicos falsificados, venta de medicamentos donados, reembolsos presuntamente fraudulentos por viajes y hospedajes, así como la utilización de espacios hospitalarios para fines distintos a los autorizados. Los investigadores también señalan presuntas prácticas de sabotaje digital, manipulación de información y movimientos financieros diseñados para dificultar el rastreo del origen de los fondos.
Según los fiscales a cargo del caso, parte del esquema habría consistido en cobrar servicios y medicamentos que nunca llegaron a los pacientes, además de la presunta autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios económicos. Para los investigadores, estas actuaciones reflejan mecanismos destinados a dispersar recursos y ocultar la trazabilidad de las operaciones financieras bajo examen.
La Operación Onco14 fue ejecutada con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), permitiendo la ocupación de dinero en efectivo, equipos electrónicos, documentos, vehículos, un arma de fuego y otras evidencias que ahora forman parte del proceso judicial. El desarrollo de la audiencia de coerción marcará uno de los primeros pasos decisivos en un expediente que podría convertirse en uno de los casos de presunta corrupción institucional más relevantes investigados recientemente en el sector salud dominicano.
