La condena de 30 años impuesta a Joel Enmanierrys Rodríguez de la Cruz, hallado culpable del asesinato de su padre Alejandro Rodríguez en 2018, vuelve a generar controversia tras denuncias de presuntas irregularidades en el cumplimiento de su pena. El interno, de 33 años, debía permanecer en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, pero fue trasladado a la Fortaleza de Cotuí, un recinto que opera bajo el viejo modelo penitenciario.
Abogados de la familia de la víctima aseguran que el recluso ha recibido múltiples permisos administrativos sin la autorización del juez de ejecución de la pena, incluyendo salidas para actividades académicas y un encuentro familiar durante la Navidad de 2025. Además, señalan que el cambio de jurisdicción no fue notificado a los afectados, lo que consideran una vulneración de sus derechos.
Mientras tanto, la defensa pública solicitó al tribunal una salida temporal con fines educativos para que Rodríguez de la Cruz asista dos días a la semana a la universidad y concluya su carrera de Ingeniería Civil. Argumentan que la petición se basa en la Constitución y la legislación penitenciaria, que promueven la rehabilitación y reinserción social, destacando la buena conducta y participación del interno en programas formativos. La revisión obligatoria de la condena fue aplazada para el 23 de marzo.
