En la última década, los mayores expedientes de corrupción en República Dominicana —Odebrecht, Super Tucano y Antipulpo— han involucrado a más de 45 personas, entre empresarios, exfuncionarios y militares. Sin embargo, el desenlace judicial ha dejado un balance reducido: solo un grupo mínimo recibió condenas de prisión, mientras la mayoría de los acusados fueron absueltos por falta de pruebas.
El caso más reciente, conocido como “Antipulpo”, tuvo como figura central a Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, señalado como cabecilla de una red que habría movido más de cuatro mil millones de pesos en operaciones fraudulentas. Tras cuatro años de audiencias y más de 3,400 páginas de expediente, Medina fue condenado a siete años de prisión, mientras que otros encartados recibieron penas de entre cinco y seis años, aunque varios con suspensión condicional de la sentencia.
Pese al volumen de acusaciones y la magnitud de los entramados de corrupción, exfuncionarios de alto perfil como Rafael Germosén, Fernando Rosa y Lorenzo Hidalgo resultaron absueltos. La baja proporción de condenas frente al número de imputados ha generado cuestionamientos sobre la capacidad del sistema judicial para sancionar de manera efectiva los actos de corrupción administrativa en el país.
