Santo Domingo.– La permanencia de Ana Ledesma en el centro penitenciario de Najayo llegará a su fin luego de que el juez de instrucción Deybi Timiteo Peguero redujera a RD$5 millones la garantía económica que le impedía ejecutar el arresto domiciliario dispuesto previamente en su contra.
El cambio se produjo este miércoles durante una nueva audiencia sobre la medida de coerción. El monto deberá ser cubierto mediante la modalidad de contrato, lo que permitirá hacer efectiva la salida de Ledesma del recinto penitenciario.
La decisión no elimina las demás condiciones establecidas por el tribunal. Una vez abandone Najayo, la imputada deberá permanecer bajo arresto domiciliario, utilizar un brazalete electrónico y cumplir con el impedimento de salida del país mientras continúa el proceso judicial.
El caso de Ledesma tenía una particularidad dentro del expediente: es la única mujer entre los imputados. El pasado 16 de julio, el tribunal ya había sustituido la prisión preventiva por un régimen menos restrictivo que contemplaba las mismas obligaciones, además de una garantía económica de RD$20 millones.
La medida, sin embargo, no pudo ejecutarse completamente. Al no disponer del dinero necesario para constituir la garantía fijada inicialmente, Ledesma permaneció privada de libertad pese a que judicialmente ya se había autorizado su traslado a arresto domiciliario.
Con la reducción del monto a una cuarta parte del establecido originalmente, el tribunal busca superar ese obstáculo y permitir que se materialice el régimen de coerción aprobado en julio, sin modificar las restricciones relacionadas con su movilidad y supervisión.
Mientras se produce este cambio en la situación de Ledesma, el expediente contra Santiago Hazim y los demás imputados continúa pendiente de nuevas actuaciones. La solicitud del Ministerio Público para ampliar el plazo de presentación de la acusación formal fue aplazada y será conocida nuevamente el 4 de septiembre.
El desarrollo de estas decisiones mantiene abierto el proceso judicial del caso SeNaSa, en el que las condiciones impuestas a los distintos imputados continúan siendo objeto de revisión conforme avanzan las etapas del expediente.
