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Al menos siete periodistas recibieron impactos de balas de goma durante protesta universitaria en Argentina

BUENOS AIRES.- Al menos siete trabajadores de prensa recibieron impactos de balas de goma y decenas resultaron afectados por gases lacrimógenos durante la protesta universitaria celebrada frente al Congreso argentino, una jornada que dejó más de 550 personas afectadas, al menos 25 detenidas y nuevas denuncias sobre el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) informaron que agentes de la Policía Federal y de la Gendarmería habrían disparado directamente contra periodistas identificados como miembros de la prensa, incluso a corta distancia y hacia zonas como el torso.

Entre los casos reportados figura el de una periodista que recibió nueve impactos de balas de goma en la espalda. Otro trabajador recibió dos disparos en el pecho, mientras que un tercero fue alcanzado en un brazo cuando intentaba protegerse el rostro. Otros profesionales sufrieron heridas en las piernas.

Las organizaciones también denunciaron golpes con bastones y el uso de gas pimienta contra trabajadores de prensa. En un comunicado conjunto, advirtieron que estas actuaciones obstaculizan la labor informativa y sostuvieron que la represión contra periodistas afecta el derecho de la población a conocer lo ocurrido durante las manifestaciones.

SiPreBA y ARGRA afirmaron, además, que más de 300 cronistas, reporteros gráficos y camarógrafos han resultado heridos en protestas desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, en diciembre de 2023. Las entidades interpretaron estos episodios como parte de un patrón que, a su juicio, amenaza la libertad de expresión en el país.

La movilización del jueves reunió a miles de personas que exigían mayor financiamiento para las universidades públicas y mejoras para sectores afectados por los recortes gubernamentales. La marcha comenzó de forma pacífica, pero terminó con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que emplearon gases lacrimógenos, balas de goma y camiones hidrantes.

Un informe de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires describió la manifestación como mayoritariamente pacífica, aunque señaló que un grupo de personas encapuchadas y sin identificación lanzó proyectiles contra el vallado policial. Ese episodio precedió a una intervención policial que se extendió sobre la movilización.

La Comisión Provincial por la Memoria, organismo público de derechos humanos, cifró en más de 550 las personas afectadas por los gases, los disparos de balas de goma y los chorros de agua a presión. Las autoridades, por su parte, informaron que ocho efectivos de seguridad resultaron heridos y reportaron al menos 25 detenidos.

El conflicto también abrió un nuevo frente judicial. El Ministerio de Seguridad Nacional presentó este viernes una denuncia penal contra manifestantes vinculados a los incidentes, con acusaciones que incluyen resistencia y atentado a la autoridad, atentado contra el orden constitucional y daño agravado. El escrito sostiene que algunos participantes ocultaron sus rostros y arrojaron objetos contundentes contra agentes desplegados en el lugar.

Las declaraciones políticas aumentaron la tensión. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, condenó los disturbios y calificó de delincuentes y violentos a quienes participaron en los enfrentamientos. El alcalde de Buenos Aires, Jorge Macri, también acusó a los manifestantes de intentar generar desórdenes y aseguró que las autoridades buscarían identificar a los responsables.

Desde sectores peronistas y de izquierda, en cambio, hubo condenas a la actuación de las fuerzas de seguridad, descrita por esos grupos como una represión injustificada que desvió la atención del reclamo educativo.

La protesta se produjo en medio de la disputa por el financiamiento de la educación superior y la exigencia de que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario. La jornada coincidió, además, con un intento opositor de derogar en el Congreso un decreto presidencial relacionado con la desregulación económica, iniciativa que no prosperó.

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