SANTO DOMINGO.- La médico gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo quedó incorporada al proceso judicial de la Operación Cobra 2.0-A luego de entregarse ante el Ministerio Público, que solicitará para ella 18 meses de prisión preventiva y que el expediente sea declarado de tramitación compleja.
Heredia Vallejo será presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional dentro de la investigación que el Ministerio Público desarrolla por una presunta estructura de corrupción administrativa vinculada al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Con su incorporación, el órgano acusador amplía el grupo de personas llevadas ante la Justicia dentro de esta segunda fase de la investigación. El pasado sábado fueron sometidos 25 de los arrestados durante los operativos ejecutados en la víspera, entre ellos médicos, exempleados y otras personas señaladas por el Ministerio Público.
La lista de esos 25 imputados incluye a Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez, además de los médicos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
También figuran Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
La Fiscalía sostiene que la investigación reúne las características para ser declarada compleja debido a la pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, además de que atribuye el caso a una estructura de delincuencia organizada. Estas son imputaciones del Ministerio Público que deberán ser examinadas dentro del proceso judicial.
Entre los delitos que el órgano acusador atribuye al grupo se encuentran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de sobornos, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos y lavado de activos.
La investigación, de acuerdo con el Ministerio Público, ha permitido recopilar evidencias que apuntarían a presuntos sobornos a gran escala, alteraciones de estados financieros y la utilización de programas especiales que, según la acusación, carecían de sustento jurídico y habrían servido para desviar recursos públicos.
El expediente de Cobra 2.0-A forma parte de una investigación más amplia iniciada con la Operación Cobra, en cuya primera etapa fue arrestado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de SeNaSa y señalado por el Ministerio Público como cabecilla del supuesto entramado. También fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
El Ministerio Público procura obtener sanciones penales y el decomiso de los recursos que, según su investigación, habrían sido sustraídos del Estado dominicano mediante las operaciones atribuidas a la estructura.
Otra línea vinculada al expediente surgió en junio con la Operación Onco 14, mediante la cual fueron arrestadas tres personas por presuntas maniobras fraudulentas relacionadas con el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes con cáncer y SeNaSa.
En esa investigación fueron detenidos Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien ocupó funciones de vicepresidenta y de auditora interna y externa del patronato cuando Lora Cruceta presidía esa entidad.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario, según la información del Ministerio Público.
El nuevo sometimiento de Heredia Vallejo mantiene abierta esta segunda fase de Cobra 2.0-A, mientras los tribunales deberán conocer las solicitudes de medidas de coerción y determinar la situación procesal de las personas incorporadas al expediente.
