SAN CRISTÓBAL.- La audiencia para conocer la medida de coerción contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como “el Pastor” o “Capellán”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez fue aplazada por segunda ocasión, esta vez hasta el próximo 15 de septiembre, en medio de una disputa sobre la representación legal de los menores involucrados en el caso.
La defensa de Capellán explicó que el tribunal tomó la decisión para permitir que los abogados de las madres de los niños y adolescentes señalados como víctimas puedan constituirse formalmente en representación de estos, conforme a las disposiciones del Código Penal dominicano.
El abogado Manuel Soto cuestionó que el Ministerio Público y el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) pretendan asumir la representación de los menores sin que, según afirmó, sus madres estén de acuerdo. El jurista sostuvo que los progenitores quieren intervenir directamente para exponer ante el tribunal su versión sobre lo ocurrido en la Fundación Restaurando Vida, ubicada en Bajos de Haina.
La defensa también puso en duda la forma en que se ha desarrollado la investigación y calificó de apresurada la actuación de las autoridades. Según Soto, las madres buscan determinar ante el juez si realmente sus hijos fueron víctimas de los hechos atribuidos a los imputados.
Luis Carela, otro de los abogados de Capellán, agregó que ninguno de los padres se ha querellado directamente contra el religioso. No obstante, indicó que algunos de ellos se han presentado para ejercer la representación de sus hijos menores de edad.
El expediente del Ministerio Público sostiene una versión distinta sobre las condiciones en que se encontraban los menores. De acuerdo con la acusación, durante un operativo realizado entre la noche del 29 y la madrugada del 30 de agosto fueron rescatados 13 niños, niñas y adolescentes, con edades que iban desde cuatro meses hasta 13 años.
La investigación se habría iniciado luego de que uno de los menores escapara del lugar y acudiera a un destacamento policial, donde habría alertado sobre los supuestos maltratos sufridos por los niños alojados en la fundación.
Entre los elementos citados por los investigadores figura una evaluación médico-legal practicada al menor que realizó la denuncia. El informe habría documentado múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo y quemaduras de segundo grado en el dorso de ambas manos, estas últimas en proceso de cicatrización.
El expediente también refiere una evaluación psicológica forense según la cual el menor no asistía a la escuela y era obligado a realizar trabajos con madera destinados a la construcción de una vivienda. Además, señala que habría sido sometido de manera reiterada a castigos y agresiones físicas.
Durante los registros realizados con autorización judicial, las autoridades encontraron en las viviendas intervenidas ropa, cuadernos, uniformes, mochilas, juguetes y otros objetos relacionados con menores de distintas edades. También fueron localizadas actas de nacimiento y documentos personales correspondientes a personas ajenas al lugar, además de armas blancas.
El Ministerio Público sostiene que la fundación funcionaba como fachada para un espacio ubicado dentro de una finca y atribuye a los imputados presuntos delitos de maltrato físico y psicológico, así como trabajo o servicio forzado contra los menores.
La audiencia del 15 de septiembre deberá determinar si existen elementos suficientes para imponer medidas de coerción a Capellán y Muñoz Rodríguez, mientras la defensa intenta incorporar formalmente la representación de las madres de los menores al proceso.
