La investigación por el presunto fraude millonario en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) continuará con todos los principales imputados bajo prisión preventiva, luego de que el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazara modificar las medidas de coerción durante la revisión obligatoria del proceso.
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la situación médica del exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, cuya defensa solicitó que la prisión preventiva fuera sustituida por arresto domiciliario. El abogado Miguel Valerio argumentó que su cliente padece esclerosis múltiple y otras complicaciones de salud que, según sostuvo, se han agravado durante su permanencia en el centro penitenciario.
Como parte de la evaluación, el tribunal examinó informes elaborados por especialistas y personal médico de distintos centros de salud, entre ellos el Hospital Padre Billini. En esos documentos se recomendó aplazar temporalmente el tratamiento específico para la esclerosis múltiple debido al riesgo de infecciones asociado al entorno carcelario, mientras se priorizaba la atención de otras condiciones clínicas.
Pese a esas recomendaciones, el juez Deuby Timoteo Peguero concluyó que el sistema penitenciario cuenta con las condiciones para garantizar la atención médica requerida por Hazim, siempre que sea necesario mediante traslados autorizados a centros especializados. En su decisión, sostuvo que la medida privativa de libertad continúa siendo adecuada, necesaria y proporcional, al considerar que no han variado las circunstancias que justificaron su imposición.
La resolución también dispone que el imputado podrá ser trasladado para consultas, evaluaciones, observaciones médicas o tratamientos cuando los especialistas lo requieran, debiendo regresar posteriormente al recinto penitenciario.
Además de Hazim, permanecerán recluidos en el Centro Correccional Las Parras los imputados Rafael Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñónez, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alain Speaker Mateo, mientras que Ada Ledesma Ubiera continuará bajo la medida impuesta en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.
El expediente judicial gira en torno a un presunto fraude de aproximadamente RD$15 millones en perjuicio del SeNaSa. Con la decisión adoptada durante esta revisión obligatoria, el proceso penal continúa su curso sin modificaciones en las medidas de coerción impuestas a los principales acusados.
