El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional impuso una sanción económica superior a los RD$7.56 millones contra la Procuraduría General de la República (PGR) tras determinar que incumplió durante más de un año una orden judicial que disponía la devolución de bienes incautados al empresario Juan Francisco Álvarez Carbuccia, procesado por presunta corrupción administrativa en el expediente del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La decisión responde a una solicitud de liquidación de astreinte presentada por la defensa del imputado, luego de que las autoridades no entregaran oportunamente un teléfono celular Samsung que permanecía bajo custodia del Ministerio Público. La resolución, identificada con el número 058-2026-SOTR-00044 y emitida por la magistrada Patricia Padilla, también instruye al Ministerio de Hacienda a realizar las gestiones necesarias para ejecutar el pago correspondiente.
El origen del conflicto se remonta a junio de 2025, cuando el mismo tribunal ordenó la devolución inmediata de diversos bienes ocupados durante la investigación, incluyendo una camioneta Chevrolet Tahoe 2017, equipos electrónicos, relojes de lujo y varios teléfonos celulares. En aquella ocasión, la jueza advirtió que cualquier incumplimiento generaría una penalidad diaria de RD$20,000 hasta que la orden fuera ejecutada en su totalidad.
Aunque la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) fue entregando progresivamente la mayor parte de los objetos retenidos entre finales de 2025 y los primeros meses de 2026, la defensa demostró que uno de los dispositivos móviles continuaba desaparecido al momento de conocerse la solicitud judicial.
Durante la audiencia, representantes del Ministerio Público atribuyeron la demora a los análisis técnicos practicados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y a inconvenientes surgidos durante el traslado de evidencias tras la evacuación de una sede del Poder Judicial, situación que habría provocado el extravío temporal del equipo. Sin embargo, el tribunal concluyó que esas circunstancias no eximen a las autoridades de su responsabilidad sobre la custodia y devolución de los bienes ocupados.
Al verificar que la orden judicial permaneció parcialmente incumplida entre el 18 de junio de 2025 y el 30 de junio de 2026, la jueza contabilizó 378 días de retraso, lo que elevó la astreinte hasta los RD$7,560,000, monto que deberá ser asumido por el Estado conforme a lo dispuesto en la resolución.
La decisión se produce mientras Álvarez Carbuccia enfrenta el juicio de fondo junto al exdirector del Intrant Hugo Beras y el empresario Jochi Gómez, dentro del proceso por presuntos actos de corrupción administrativa. Aunque el expediente penal continúa su curso, el tribunal dejó establecido que las garantías procesales relacionadas con la conservación y devolución de evidencias deben cumplirse independientemente del avance de la causa principal.
