En Santiago han surgido denuncias sobre el auge de negocios de préstamos informales que operan al margen de la ley y utilizan métodos violentos para cobrar deudas. Residentes y afectados aseguran que estas redes captan clientes mediante facilidades rápidas de financiamiento, dirigidas principalmente a trabajadores informales y pequeños comerciantes, pero luego imponen intereses elevados y condiciones abusivas.
Según testimonios, los prestamistas aplican tasas que pueden alcanzar hasta un 20% semanal, lo que representa una carga económica insostenible. Las víctimas afirman que los cobros se realizan bajo amenazas, intimidación y presencia de individuos armados, quienes incluso visitan a los deudores en motocicletas y con el rostro cubierto para evitar ser identificados. El temor a represalias ha limitado las denuncias públicas, aunque en los barrios estas prácticas son ampliamente conocidas.
Juristas han advertido que, aunque los préstamos entre particulares pueden ser legales, las acciones coercitivas, amenazas y agresiones convierten estas operaciones en actividades delictivas. Además, señalan la existencia de estructuras organizadas que operan en distintos sectores de la ciudad, por lo que instan al Ministerio Público a investigar y actuar ante las múltiples denuncias, en medio de una problemática que ya ha estado vinculada a hechos violentos y pérdidas de vidas humanas.
