El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, se reservó el fallo sobre la medida de coerción contra los diez implicados en una presunta red de militares y civiles acusados de estafar al Estado a través de sobornos en varias instituciones públicas. La decisión será comunicada este jueves a las 6:00 de la tarde, tras una extensa jornada judicial que lleva ya tres días consecutivos de audiencias.
El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva para cinco de los acusados y prisión domiciliaria para los otros cinco, quienes han decidido colaborar con las autoridades. Entre estos últimos figuran el coronel Andrés Pacheco Varela, el teniente Wellington Peralta Santos, Ramón Quezada Ortiz, Quilvio Rodríguez (propietario de Senase), y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, gerente de seguridad de Edenorte.
Según el procurador adjunto Wilson Camacho, se han presentado pruebas documentales «irrefutables» que vinculan directamente a los implicados con pagos ilícitos. La audiencia ha estado marcada por intensas réplicas entre la defensa y la fiscalía, prolongándose hasta altas horas de la noche en las primeras dos fechas del proceso.
