El sistema penitenciario de República Dominicana enfrenta una grave crisis, impulsada por el uso excesivo de la prisión preventiva. Según datos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), de los 25,987 privados de libertad en el país, 14,639 están en prisión preventiva, representando más de la mitad de la población carcelaria. Juristas y catedráticos universitarios han expresado su preocupación, señalando que esta práctica contribuye al hacinamiento, la insalubridad y la sobrecarga del sistema.
El impacto negativo de la prisión preventiva se extiende más allá de las cárceles, afectando la vida de miles de familias. Entre las principales causas identificadas están los retrasos judiciales, la falta de alternativas a la prisión y una percepción errónea de que esta medida garantiza la seguridad ciudadana. Expertos abogan por reformas urgentes, incluyendo la agilización de procesos judiciales, la implementación de medidas cautelares alternativas y mayores inversiones en programas de rehabilitación.
Actualmente, el sistema penitenciario opera con 41 centros de corrección y rehabilitación y tres Centros de Atención a Privados de Libertad Provisional (Caplip). Sin embargo, el país ocupa el séptimo lugar en hacinamiento en la región, con un 183.2% de ocupación carcelaria, según datos internacionales. Esta situación coloca a República Dominicana como uno de los países más críticos en manejo penitenciario en el Caribe y América Latina.
