El Tribunal Superior Electoral (TSE) ha emitido una resolución declarando inadmisible una acción de amparo de extrema urgencia presentada por Ramfis Domínguez Trujillo, quien buscaba la certificación de su candidatura presidencial para las elecciones de 2024. Esta medida se produce como respuesta al rechazo de la Junta Central Electoral (JCE) mediante la resolución número 75-2023.
El tribunal, encabezado por Ygnacio Camacho e integrado por Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, justificó su decisión argumentando que existen otras vías judiciales para reclamar los derechos alegados vulnerados. Según el tribunal, la impugnación contra resoluciones de admisión o rechazo de propuestas de candidaturas, habilitado por el artículo 151 de la Ley número 20-23, es el curso adecuado para este tipo de reclamaciones.
La acción de amparo fue presentada por el Partido Esperanza Democrática (PED), liderado por Ramfis Trujillo, con la intención de asegurar la inclusión de su candidatura presidencial en las elecciones venideras. La instancia fue presentada por su abogado Trajano Vidal Pontentini, quien solicitó al TSE ordenar a la JCE la inscripción de Ramfis Trujillo como candidato, asegurando su aparición en boletas electorales y en todas las actividades administrativas pertinentes.
Recordemos que la JCE había rechazado la candidatura presidencial de Domínguez Trujillo por el Partido Esperanza Democrática en octubre pasado. A pesar de esta decisión, Ramfis Domínguez Trujillo había manifestado su confianza en que el Tribunal Superior Electoral ratificaría su candidatura. Sin embargo, esta última resolución representa un nuevo obstáculo en su camino hacia las elecciones presidenciales de 2024.
En 2020, tanto la JCE como el Tribunal Superior Electoral habían rechazado la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo debido a su doble nacionalidad, ya que nació en Estados Unidos. Consciente de esta situación, Domínguez Trujillo había expresado su determinación de legitimar sus derechos fundamentales a través de su equipo legal, asegurando que los argumentos presentados en esta ocasión estarían mejor fundamentados que en el pasado.
