El equipo legal que representa a las familias Mayol y Serrano, afectadas por el fraude en la empresa Costa Dorada, ha urgido a los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a tomar una decisión sobre la recusación de los 16 jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
La solicitud destaca que esta recusación se percibe como una estrategia para obstruir el proceso legal y evitar que se conozca el recurso de apelación presentado por las verdaderas víctimas del fraude. El equipo legal liderado por Juan Tomás Vargas Decamps, Ignacio Miranda Cubilette, Manuel Sierra Pérez, Addy Manuel Tapia de la Cruz y Laura Acosta subraya la conexión de esta maniobra con la sociedad Global Multibusiness Corporation, representada por el abogado e imputado Rafael Olegario Helena Regalado.
A pesar de que ha transcurrido el plazo legal de doce meses para decidir sobre este tipo de incidentes, la recusación aún no ha sido resuelta. Los abogados expresan su preocupación por la omisión en el fallo, que contribuye a la impunidad de quienes han violado la ley y limita los derechos legítimos de las partes afectadas.
Además, se solicita la inhibición de la magistrada María Garabito Ramírez de la Sala Penal de la Suprema en las discusiones y decisiones relacionadas con el caso, considerando su parentesco con una de las imputadas, Ailec Paloma Soto Garabito.
El caso Costa Dorada, que involucra más de seis millones de metros cuadrados costeros en Baní, se encuentra en un limbo jurídico debido a la recusación de los jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. La demora en la celebración de la audiencia para los recursos de apelación se percibe como parte de una estrategia para alegar prescripción y extinción de la acción penal en el futuro. La operación fraudulenta, que se remonta a 2013, ha afectado a las familias Mayol y Serrano, desencadenando una serie de maniobras dilatorias para obstaculizar el proceso judicial.
