Santo Domingo, República Dominicana – El Ministerio Público manifiesta su preocupación ante la posibilidad de que el caso de corrupción que involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez, conocido como el caso «Medusa», termine como otros casos de supuesto robo al Estado en los que los procesos se han declarado extinguidos debido al vencimiento del plazo legal de cuatro años.
El expediente que acusa a Rodríguez, con más de dos años en curso, se encuentra actualmente en la etapa de «audiencia preliminar», donde aún no se ha abordado el fondo del caso. En esta fase, el juez debe decidir si rechaza total o parcialmente la acusación o si la admite para llevarla a juicio.
Recientemente, el magistrado Amari Martínez rechazó la solicitud de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) de realizar una lectura abreviada del extenso expediente, que consta de 12,274 páginas y es considerado uno de los más voluminosos y con más implicados en la historia del país.
El proceso de lectura ha sido lento, y a pesar de que comenzó en junio, los fiscales aún no han llegado a la mitad del expediente. La Pepca involucra a un total de 63 imputados, incluyendo a Rodríguez, así como a otros 40 individuos entre exfuncionarios y empresarios, además de 22 compañías señaladas en actos de sobornos y asociación de malhechores.
La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, recordó al magistrado Martínez que el caso fue recibido por él en julio de 2022 y que, por lo tanto, ha superado el año en el Tercer Juzgado de Instrucción que preside. Reynoso subrayó la importancia de garantizar un proceso dentro de un plazo razonable, en consonancia con los principios del Código Procesal.
Por su parte, el abogado de Jean Alain Rodríguez, Carlos Balcácer, sugiere que el Ministerio Público está preocupado debido a un cambio de paradigma en el Poder Judicial que ahora respeta los plazos legales. Balcácer hace referencia al caso de los sobornos para la compra de aviones Super Tucano, donde se declaró la extinción de la acción penal tras el vencimiento de los plazos legales.
