La Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló una sentencia que ordenaba al Estado dominicano pagar indemnizaciones por supuestos terrenos expropiados dentro del Parque Nacional Cotubanamá, en San Rafael del Yuma, al determinar la existencia de irregularidades y presunto fraude en los títulos de propiedad presentados por particulares. El fallo favorece la protección de las áreas protegidas y revierte una decisión emitida en 2022.
El tribunal acogió los argumentos de la Dirección General de Bienes Nacionales y del Ministerio Público, al establecer que los terrenos en cuestión forman parte del dominio público desde su declaratoria como área protegida en 1975, por lo que son inalienables e imprescriptibles. Además, declaró inaplicable el plazo legal que limitaba la revisión del caso, al considerar que dicho límite contradecía la Constitución y restringía la defensa del patrimonio nacional.
La decisión también tomó en cuenta que los certificados de títulos alegados por los reclamantes fueron emitidos años después de la creación del parque y de la legislación que regula las áreas protegidas, así como la existencia de procesos judiciales pendientes que cuestionan la legalidad de esas titulaciones. Con este fallo, el TSA refuerza el principio de que los bienes ambientales protegidos no pueden ser objeto de apropiación privada ni de compensación indebida.
