El Tribunal Constitucional ha dictaminado que el director general del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Francisco Guillermo García, debe pagar RD$2,400,000.00 como liquidación de la astreinte, según la sentencia que ordenó la entrega de parcelas a cinco familias en asentamientos agrarios de Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez.
Estas familias fueron desalojadas en 2006 de sus terrenos, asignados posteriormente a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para la construcción de una hidroeléctrica. La decisión del TC surge a raíz de una solicitud de liquidación de astreinte presentada por los afectados, basada en la sentencia TC/0234/22 emitida el 4 de agosto de 2022.
El Tribunal Constitucional estableció que el monto total de la sanción económica se distribuirá equitativamente entre los parceleros. La sentencia TC-0234/22 impuso al director del IAD el pago de RD$20,000 por cada día de retraso en el cumplimiento del mandato.
En la reciente sentencia TC-0701-23, se fijó la cantidad de RD$2,400,000.00 que el IAD deberá pagar por el incumplimiento del fallo desde el 9 de noviembre de 2022 hasta el 8 de marzo de 2023, a una tasa de RD$20,000.00 por día, sin perjuicio de los montos pendientes y aquellos derivados del cumplimiento total de la sentencia TC/0234/22.
El director general del IAD argumentó la imposibilidad de cumplir con la sentencia debido a que los terrenos a restituir están ocupados por la CDEEE. Sin embargo, el Tribunal Constitucional consideró que la sentencia no justificaba la imposibilidad de cumplimiento ni configuraba una situación de fuerza mayor.
