La transformación de la Policía Nacional dio un nuevo paso en el Congreso Nacional luego de que el Senado aprobara en primera lectura el proyecto que modifica la Ley Orgánica 590-16, una iniciativa que busca reorganizar la estructura de la institución, fortalecer los mecanismos disciplinarios y redefinir el modelo de carrera policial como parte del proceso de modernización impulsado en los últimos años.
La decisión fue adoptada durante una sesión que se prolongó por más de cinco horas y concluyó en la madrugada de este jueves. Aunque el conocimiento de la iniciativa no figuraba inicialmente en la agenda legislativa, la propuesta fue incorporada tras obtener el respaldo necesario y el informe favorable de la comisión correspondiente. Al momento de la votación, 25 de los 27 senadores presentes apoyaron la pieza integrada por 315 artículos. Tras esta aprobación inicial, el presidente del Senado convocó una nueva sesión para este viernes a las 10:00 de la mañana, cuando el proyecto será conocido en segunda lectura.
El proyecto surge en un escenario marcado por el debate nacional sobre la necesidad de fortalecer la profesionalización de la Policía Nacional y elevar los estándares de transparencia y rendición de cuentas. La discusión ha cobrado mayor relevancia en los últimos años a raíz de diversos cuestionamientos sobre actuaciones policiales y, más recientemente, por el caso de Darlin Enmanuel Mercado, cuya muerte provocó manifestaciones y renovó las exigencias de cambios profundos en la institución.
Entre las modificaciones más relevantes figura la creación de una nueva organización jerárquica basada en tres categorías: Directiva, Intermedia y Agente Patrullero. La propuesta pretende establecer una carrera con criterios objetivos para el ingreso, permanencia y ascenso del personal, al tiempo que refuerza la capacitación académica como uno de los pilares para el desarrollo profesional de los agentes.
La iniciativa también incorpora disposiciones dirigidas a reforzar el régimen disciplinario. El texto contempla sanciones más severas para las faltas consideradas graves, establece normas sobre el uso de la fuerza y prohíbe la asignación de miembros policiales a servicios privados, una práctica que ha sido objeto de cuestionamientos durante años por distintos sectores que promueven una mayor institucionalidad y control interno. Con la convocatoria a una segunda lectura ya fijada, el proyecto continuará su curso legislativo, donde deberá agotar las siguientes etapas del procedimiento legislativo.
