La reforma integral de la Ley 87-01 de Seguridad Social continúa siendo una de las principales asignaturas pendientes del sistema institucional dominicano, según advirtió el diputado Rafael Castillo, quien alertó sobre las limitaciones que enfrentan actualmente los afiliados y los desafíos que podrían afectar a futuros pensionados si no se introducen cambios estructurales en el modelo vigente.
Entre las preocupaciones señaladas por el legislador figura la baja tasa de reemplazo proyectada para las próximas generaciones de jubilados. De acuerdo con sus planteamientos, las pensiones podrían representar apenas entre un 25 % y un 27 % de los ingresos percibidos durante la vida laboral, una situación que, a su juicio, compromete la capacidad del sistema para garantizar una protección económica adecuada durante la vejez.
A las inquietudes sobre las pensiones se suman las dificultades que enfrentan muchos usuarios en el acceso a servicios de salud. Castillo sostuvo que cada vez son más frecuentes los casos en los que médicos rechazan determinadas coberturas de seguros o exigen pagos adicionales a los pacientes. También mencionó obstáculos para obtener medicamentos prescritos, aspectos que considera evidencian la necesidad de revisar el funcionamiento actual del sistema.
El presidente de la comisión bicameral que estudia las propuestas de modificación recordó que la propia legislación contemplaba una revisión integral después de su primera década de vigencia. Sin embargo, pese a que el sistema acumula ya 25 años de funcionamiento, la reforma estructural aún no ha sido aprobada. Actualmente, el Congreso analiza alrededor de nueve iniciativas legislativas orientadas a introducir cambios parciales e integrales a la normativa.
Los antecedentes del debate incluyen un amplio proceso de consultas desarrollado por una comisión bicameral anterior, que durante más de dos años celebró vistas públicas en distintas provincias y recibió aportes de cientos de representantes de sectores vinculados a la seguridad social. Entre las propuestas discutidas figuraban la creación de una procuraduría especializada para perseguir delitos relacionados con el sistema y mecanismos destinados a garantizar la continuidad de cobertura médica para los pensionados. No obstante, aquel proyecto nunca logró convertirse en ley.
Otro aspecto que permanece pendiente desde la promulgación de la Ley 87-01 es la implementación de un seguro de desempleo. Castillo recordó que el mecanismo debía ponerse en marcha durante los primeros meses de aplicación de la normativa, pero las diferencias entre empleadores, trabajadores y autoridades impidieron alcanzar los consensos necesarios. A su entender, las implicaciones económicas y la falta de acuerdos han frenado durante años una iniciativa que todavía forma parte de los temas sin resolver.
El legislador también vinculó la discusión de la Seguridad Social con el debate sobre el nuevo Código Laboral. Explicó que la reforma laboral ha experimentado retrasos a pesar de haber surgido de un proceso de diálogo entre los principales sectores involucrados. Entre los puntos más controvertidos continúa la cesantía laboral, aunque aseguró que existe un amplio respaldo en el Congreso para preservar ese derecho adquirido por los trabajadores.
De cara a los próximos meses, Castillo expresó su expectativa de que, una vez concluida la discusión del Código Laboral, el Poder Ejecutivo presente formalmente una propuesta que facilite los acuerdos necesarios para impulsar la transformación de la Seguridad Social. El objetivo, según indicó, es lograr que la reforma integral de la Ley 87-01 pueda ser finalmente aprobada antes de que concluya el presente año.
