La muerte de un joven de 19 años durante una intervención policial desató la noche del viernes una jornada de protestas en el sector Herrera, en Santo Domingo Oeste, donde familiares, vecinos y amigos reclamaron una investigación exhaustiva y sanciones contra el agente involucrado en el hecho.
Con neumáticos incendiados, vías obstruidas y consignas dirigidas a las autoridades, los manifestantes expresaron su indignación por el fallecimiento de Darlin Mercado Reyes, ocurrido en el sector La Cañada de Guajimía. Durante la protesta, los residentes insistieron en que el joven era un trabajador y rechazaron que fuera vinculado con actividades delictivas.
El caso ocurrió durante un operativo en el que agentes de la Policía Nacional intentaban retener una motocicleta y solicitar la documentación correspondiente, de acuerdo con testimonios ofrecidos por personas que aseguraron haber presenciado el incidente. Una de ellas, Alina Serrano Ogando, afirmó que, tras presentar sus documentos, Mercado Reyes sostuvo un forcejeo con uno de los uniformados y posteriormente recibió un disparo.
Otros residentes también cuestionaron la actuación policial. Jorge Ernesto Olivares manifestó que la comunidad ha sido escenario de situaciones similares y expresó preocupación por lo que considera un uso excesivo de la fuerza. Aseguró que Darlin Mercado era conocido en el barrio por dedicarse a su trabajo y mantener una conducta tranquila.
Las manifestaciones también contaron con el respaldo de representantes de organizaciones de derechos humanos. Jason Mercedes, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Santo Domingo Oeste, sostuvo que la actuación de los agentes debe ser investigada conforme a la ley y afirmó que los cuerpos de seguridad disponen de procedimientos para detener a una persona sin recurrir al uso letal de la fuerza. A su juicio, el caso ha incrementado el malestar de la comunidad ante la percepción de impunidad en hechos similares.
Mientras tanto, la Policía Nacional informó que el agente involucrado fue puesto a disposición del Ministerio Público para que se determinen las responsabilidades penales que pudieran derivarse del caso. Paralelamente, la Dirección Central de Asuntos Internos inició un proceso administrativo con el propósito de establecer si existieron faltas disciplinarias durante la intervención.
La institución aseguró que mantiene una política de cero tolerancia frente al uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza y reiteró su compromiso de colaborar con las investigaciones. El caso se suma a otros episodios que han generado cuestionamientos sobre los protocolos de actuación policial y vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, rendición de cuentas y protección de los derechos fundamentales durante las intervenciones de los cuerpos de seguridad.
