La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, dispuso la apertura de una investigación penal para indagar posibles ocupaciones ilegales, afectaciones ambientales y presuntos fraudes inmobiliarios en varias áreas protegidas de la República Dominicana. La medida incluye la conformación de una fuerza de tarea especial que revisará actos jurídicos y administrativos relacionados con la emisión de títulos de propiedad dentro de estos espacios.
Entre las zonas bajo investigación figuran el Parque Nacional Jaragua, la Sierra de Bahoruco, Valle Nuevo, las Dunas de Baní y el Parque Nacional Hoyo del Pino, entre otras. El equipo estará coordinado por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, junto a distintas dependencias especializadas, incluyendo corrupción administrativa, medio ambiente y antilavado.
La disposición también ordena la elaboración de un informe detallado en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente sobre la situación legal y el impacto de posibles delitos en las 134 áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El objetivo es establecer si existen redes delictivas o actos de corrupción que hayan facilitado la apropiación indebida de terrenos protegidos, considerados patrimonio natural del Estado.
