Los ciudadanos y las empresas dejarán de presentar documentos que ya se encuentran en poder de otra institución pública, tras la entrada en vigor del decreto 403-26, con el que el Poder Ejecutivo busca reducir la burocracia y acelerar la prestación de servicios en la administración pública.
La nueva disposición crea el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos, una herramienta que permitirá a las entidades estatales intercambiar información, documentos electrónicos y registros de manera segura, estandarizada y bajo criterios de protección de datos, evitando la duplicidad de trámites.
Como parte del modelo, el Ministerio de Administración Pública (MAP) asumirá la rectoría del sistema, definiendo las normas y estándares que regirán el intercambio de información entre las instituciones, además de supervisar su implementación mediante el Comité de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos.
La operación tecnológica estará a cargo de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), responsable de administrar la Plataforma Única de Interoperabilidad, infraestructura que permitirá la comunicación digital entre los distintos organismos estatales.
El decreto establece que todas las instituciones deberán consultar primero la información disponible dentro del propio Estado antes de solicitar nuevamente documentos a ciudadanos o empresas. Asimismo, cada organismo deberá mantener actualizadas sus bases de datos para facilitar el acceso y la consulta, sin perder la responsabilidad sobre la información que administra.
Otro de los ejes de la normativa es la coordinación con la Junta Central Electoral (JCE) para los procesos de verificación de identidad. La validación de datos del Registro Civil solo podrá realizarse para fines legítimos relacionados con la prestación de servicios públicos y respetando las competencias constitucionales del organismo electoral, reforzando así la protección de los datos personales.
Con la entrada en vigor del decreto 403-26 queda sustituido el marco regulatorio establecido mediante el decreto 92-22, emitido en 2022, como parte de la estrategia de transformación digital y modernización de los servicios que ofrece el Estado dominicano.
