A pocas semanas de que entre en funcionamiento el nuevo Código Penal, el Senado de la República inició un proceso para introducir ajustes a la legislación con el propósito de corregir disposiciones consideradas susceptibles de mejoras técnicas y reforzar las garantías jurídicas en varios de sus artículos.
El presidente del Senado informó que fue depositada ante la Secretaría General Legislativa una iniciativa que modifica 18 artículos de la Ley núm. 74-25, Orgánica del Código Penal de la República Dominicana. La propuesta ya fue remitida a la Comisión Bicameral que estudia la pieza, con la finalidad de que las enmiendas sean analizadas y aprobadas antes de que la normativa comience a regir.
Las modificaciones fueron elaboradas a partir de observaciones presentadas durante el proceso de discusión por juristas, académicos, organizaciones de la sociedad civil, representantes de los medios de comunicación, comunicadores y otros sectores interesados, cuyos planteamientos fueron incorporados para fortalecer la redacción y el alcance de varias disposiciones del nuevo marco penal.
Uno de los aspectos que concentra mayor atención corresponde a las garantías para la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo. La iniciativa propone revisar los artículos relacionados con ciberbullying, difusión de imágenes o audios sin consentimiento, difamación, actos no considerados difamatorios o injuriosos y el delito de ultraje, con el objetivo de delimitar con mayor precisión los tipos penales, evitar interpretaciones excesivas y reconocer expresamente criterios de interés público en determinados casos.
La propuesta también introduce cambios orientados a reforzar la protección de las personas y de la niñez. Entre ellos figuran ajustes a los artículos sobre hostigamiento, intimidación, exhibicionismo sexual, acoso agravado y abandono de niños, niñas y adolescentes, buscando una definición más precisa de las conductas sancionadas y una aplicación más objetiva de las agravantes previstas por la ley.
En el ámbito técnico, el proyecto plantea modificaciones sobre prescripción de la acción penal, autosecuestro, perjurio, bancarrota simple y certificación falsa del estado de salud. De igual forma, propone revisar las sanciones establecidas para delitos como el proxenetismo y la malversación de fondos públicos, con el propósito de fortalecer la respuesta penal frente a conductas que afectan el patrimonio estatal y otros bienes jurídicos protegidos.
La iniciativa continuará su estudio en la Comisión Bicameral, que deberá evaluar cada una de las modificaciones antes de presentar un informe al Congreso Nacional. Con este proceso, los legisladores buscan que el Código Penal entre en aplicación incorporando los ajustes derivados del diálogo institucional y de las observaciones formuladas durante su revisión, en lugar de tener que corregir la legislación una vez ya esté vigente.
