La reciente opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) marca un antes y un después en la lucha contra el cambio climático. El tribunal, con sede en La Haya, concluyó de manera unánime que los Estados tienen obligaciones legales bajo el derecho internacional para combatir el calentamiento global, y que su incumplimiento podría constituir actos ilícitos susceptibles de generar reparaciones por daños. Esta decisión, solicitada por el Estado insular de Vanuatu, fortalece las posibilidades legales de países afectados por desastres climáticos para reclamar justicia.
El jurista Jorge Viñuales, quien formó parte del equipo legal que acompañó a Vanuatu en este proceso, destacó que la CIJ reconoce que los daños al sistema climático global pueden ser reclamables, incluso por Estados no directamente afectados. También se abre la puerta a litigios presentados por comunidades, grupos sociales o pueblos indígenas a nivel local e internacional, tanto contra Estados como contra empresas contaminantes.
Aunque el camino legal requiere probar la relación entre la emisión de gases y los desastres ocurridos, Viñuales explica que la ciencia de la atribución ha avanzado lo suficiente como para respaldar esos casos. Además, advirtió que los países que no regulen adecuadamente la explotación de combustibles fósiles podrían enfrentar litigios por incumplir el derecho internacional. Incluso si un Estado no forma parte de tratados como el Acuerdo de París, sigue sujeto a normas internacionales que exigen medidas para prevenir el daño ambiental.
