Hoy, en el Día Internacional de los Desaparecidos, la realidad en la República Dominicana se torna desgarradora. Numerosas familias dominicanas enfrentan la incertidumbre y el dolor de tener a sus seres queridos desaparecidos, sin respuestas de las autoridades y con escaso apoyo estatal.
Este problema persistente en nuestra sociedad ha sido agravado por estereotipos y una falta de atención adecuada. Desde el año pasado, marcado por las desapariciones mediáticas de los jóvenes Alexander Sang Díaz y Jesús Cuevas, este último posteriormente asesinado, las familias se han unido en una causa común, a pesar de contar con limitados recursos financieros para llevar a cabo sus marchas y campañas de concientización.
La desaparición involuntaria o forzada de un ser querido ha tenido un impacto devastador en la salud mental de sus familiares, según el psiquiatra José Miguel Gómez, expresidente del Colegio Dominicano de Psiquiatría.
Gómez señala que, a diferencia de quienes pueden ver el cuerpo de un ser querido fallecido para cerrar el duelo, los familiares de desaparecidos carecen de esa oportunidad. La larga espera ha llevado a muchos a padecer problemas de salud mental, incluyendo trastornos del ánimo, insomnio y depresión, que requieren tratamientos con psicofármacos y psicoterapias.
La búsqueda voluntaria de una persona desaparecida implica un costo económico significativo, y este costo aumenta a medida que pasa el tiempo sin respuestas. Los gastos incluyen la impresión de afiches a color, recorridos por las calles, visitas a medios de comunicación, consultas en destacamentos policiales y fiscalías, exámenes médicos, visitas a morgues, acceso a bases de datos en línea y el saldo necesario para realizar llamadas telefónicas, entre otros.
En relación con la Alerta Amber, se encuentra un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, presentado por el congresista Orlando Jorge Villegas. El legislador destacó que esta iniciativa se encuentra actualmente en la Comisión de Interior y Policía.
Villegas subrayó que el presidente de la cámara baja, Alfredo Pacheco, ha priorizado este proyecto de ley en la próxima legislatura, lo que genera esperanzas de que finalmente pueda avanzar hacia su aprobación en el pleno, tal como lo anunció el presidente Pacheco.
