La decisión de enviar a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por homicidio involuntario provocó descontento entre familiares de las víctimas y sobrevivientes de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, quienes abandonaron el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva visiblemente afectados y decepcionados.
El juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, rechazó la solicitud de varios querellantes de modificar la calificación jurídica del caso a dolo eventual, al considerar que las circunstancias del hecho no encajan en esa figura penal.
Durante la audiencia, el magistrado sostuvo que no se puede equiparar el colapso de una estructura con una conducta en la que exista una intención consciente de causar daño, y señaló que la presencia de una de las imputadas en el establecimiento constituye un elemento que descarta esa posibilidad.
La decisión generó malestar entre los familiares de las víctimas. Luis Miguel Custodio, hermano de uno de los fallecidos y representante del Movimiento Justicia Jet Set, calificó la medida de insuficiente y expresó que las familias esperaban una respuesta judicial acorde con la magnitud de la tragedia.
Custodio sostuvo que, a su juicio, existieron circunstancias previas al desplome que pudieron haber evitado la pérdida de vidas y afirmó que continuarán reclamando una sanción que consideren proporcional a los hechos.
«Vamos a seguir luchando hasta el final. No nos vamos a detener», expresó al reiterar el compromiso de los afectados de mantener viva su exigencia de justicia.
Durante la espera de la decisión judicial, familiares y allegados de las víctimas permanecieron en los alrededores del Palacio de Justicia portando mensajes de reclamo. Tras la salida de los propietarios del centro nocturno, varios de los presentes lanzaron consignas en su contra desde las áreas acordonadas por las autoridades.
El derrumbe del techo de la discoteca Jet Set ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, dejando un saldo de 236 personas fallecidas y alrededor de 180 heridas, en una de las tragedias más graves registradas en la historia reciente del país.
Además del envío a juicio de fondo, el tribunal mantuvo las medidas de coerción impuestas a Antonio y Maribel Espaillat y ordenó la inmovilización de bienes por un monto de hasta RD$500 millones como parte del proceso judicial.
