La muerte de Darlin Mercado Reyes, ocurrida durante un operativo policial en el sector Herrera, Santo Domingo Oeste, continúa generando consecuencias judiciales. La familia del joven presentó una demanda civil contra la Policía Nacional en la que reclama una indemnización de RD$50 millones por los daños y perjuicios derivados del hecho, al tiempo que exige que el caso concluya con sanciones penales para los responsables.
La acción legal fue interpuesta por el abogado penalista Bunel Ramírez, quien explicó que los familiares se constituyeron en actores civiles dentro del proceso. El jurista sostuvo que la reclamación se fundamenta en el artículo 148 de la Constitución, al considerar que el Estado debe responder por las actuaciones de sus agentes durante el ejercicio de sus funciones.
Como parte de los argumentos jurídicos, la demanda también invoca el artículo 1384 del Código Civil, que establece la responsabilidad por los daños ocasionados por personas que actúan bajo la dependencia de una institución, así como los artículos 127 y 247 del Código Procesal Penal, disposiciones que regulan el ejercicio de la acción civil para reclamar una reparación económica dentro del proceso penal.
El caso se originó el pasado 3 de julio, cuando el cabo José Francisco Moreta Heredia presuntamente disparó contra Mercado mientras realizaba una requisa a otro joven que conducía una motocicleta propiedad de la víctima. El Ministerio Público sostiene que el agente efectuó el disparo a corta distancia, impacto que provocó la muerte inmediata del joven, razón por la cual lo acusa de homicidio voluntario.
El hecho adquirió gran repercusión pública después de que un video grabado con un teléfono celular captara el momento del disparo y se difundiera ampliamente en redes sociales, generando cuestionamientos sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes policiales. En paralelo al proceso civil, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste conocerá la solicitud de medida de coerción contra Moreta Heredia, mientras el Ministerio Público insiste en que se le imponga prisión preventiva por la gravedad de los hechos investigados.
