La Cámara de Diputados presentó este miércoles un informe con propuestas clave para la reforma del Código Penal, entre ellas una disposición que sancionaría a los agentes policiales o militares que impidan a ciudadanos grabar arrestos, registros o allanamientos. El artículo 286 establece que quienes obstaculicen estas grabaciones podrían enfrentar penas de entre 15 días y un año de prisión menor, además de multas que duplican el salario del infractor. No obstante, se aclara que la grabación no será permitida si interfiere con el trabajo del agente o pone en riesgo su integridad.
Otra modificación relevante incorporada al proyecto penal es la penalización de revisiones vehiculares injustificadas. Los agentes que ordenen o ejecuten este tipo de acciones sin causa legal o probable podrán ser sancionados con prisión de hasta un año y multas de uno a dos salarios mínimos. Si hay uso excesivo de la fuerza, daños físicos o al vehículo, la pena se incrementa hasta dos años y la multa puede alcanzar los seis salarios mínimos del sector público.
Además de estas disposiciones, el nuevo proyecto del Código Penal incluye más de cien nuevas tipificaciones delictivas, entre ellas el feminicidio, terrorismo, bullying, delitos contra la identidad y la privacidad, manipulación genética y violencia institucional. La propuesta, que cuenta con respaldo de las principales bancadas políticas, deberá pasar a segunda discusión en la Cámara de Diputados antes de ser enviada al Senado y, eventualmente, al Poder Ejecutivo para su promulgación.
