BOGOTÁ.- La ofensiva militar emprendida por el Gobierno colombiano contra las disidencias de las FARC ha quedado acompañada de una fuerte controversia institucional después de que la defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionara al presidente Abelardo de la Espriella por aparecer caminando entre los cuerpos de 23 presuntos integrantes de una estructura armada abatidos en una operación en Guaviare.
Marín sostuvo que el Estado no debe asumir como propia la lógica de intimidación de las organizaciones ilegales ni convertir la exhibición de la muerte en una demostración de poder. La funcionaria consideró especialmente preocupante que un mandatario aparezca junto a cadáveres como parte de su mensaje sobre seguridad.
El episodio ocurre en medio de una estrategia gubernamental que ha puesto el uso de la fuerza militar en el centro de la respuesta contra las organizaciones criminales. De la Espriella llegó a la Presidencia con una promesa de “mano dura” y ha defendido públicamente la utilización de las armas y las leyes como instrumentos para derrotar al crimen.
La presión sobre los grupos armados volvió a evidenciarse este domingo en Nariño, donde el mandatario informó que siete integrantes del frente Franco Benavides, perteneciente al Estado Mayor Central (EMC), murieron durante operaciones militares desarrolladas en el municipio de El Peñol. Cinco personas más fueron capturadas, de acuerdo con el reporte presidencial.
El Ministerio de Defensa señaló que durante esas acciones también resultaron heridas al menos 12 personas. Entre el material ocupado figuran un fusil M4, una pistola, ocho granadas de fabricación artesanal, 946 cartuchos de distintos calibres, además de pancartas y documentos que las autoridades consideran de interés para la investigación.
El balance presentado por el Gobierno incluye además operaciones contra las estructuras económicas que sostienen a los grupos ilegales. En la última jornada, las autoridades reportaron la localización de cinco laboratorios de pasta base de cocaína, junto con el decomiso de más de 1,000 galones de insumos líquidos y 175 kilogramos de insumos sólidos.
A ese despliegue se sumaron incautaciones de ketamina y fentanilo, la intervención de siete unidades de producción y el decomiso de siete dragas vinculadas, según las autoridades, con actividades de minería ilegal.
Desde que comenzó el actual mandato, el 7 de agosto, De la Espriella asegura que las fuerzas de seguridad han realizado 14,914 capturas, incautado 49,379 kilogramos de estupefacientes, retirado de circulación 1,485 armas de fuego y erradicado 1,320.9 hectáreas de coca.
La magnitud de estas operaciones, sin embargo, ha coincidido con cuestionamientos sobre los efectos de la estrategia militar. A finales de agosto, un operativo en Guaviare dejó diez integrantes de una disidencia muertos, entre ellos tres menores de edad de 15, 15 y 16 años, según la información divulgada sobre el caso.
Los bombardeos contra estructuras armadas también han generado decisiones judiciales y llamados de atención relacionados con la presencia de menores reclutados por grupos ilegales. Ese escenario ha colocado al Gobierno ante un doble desafío: mantener la presión sobre organizaciones que continúan ejerciendo violencia y, al mismo tiempo, garantizar que las operaciones militares respeten los límites establecidos por la legislación y el derecho humanitario.
La advertencia de la Defensoría introduce así una discusión que trasciende el resultado de cada operativo. Para Marín, la respuesta estatal frente a décadas de conflicto y criminalidad no debe reproducir las prácticas de humillación y terror que caracterizan a los grupos armados, incluso cuando las fuerzas oficiales estén enfrentando organizaciones responsables de graves delitos.
El Gobierno, por su parte, mantiene el discurso de confrontación directa y presenta las capturas, incautaciones y bajas reportadas como resultados de su política de seguridad. La tensión entre ambos enfoques —la eficacia militar frente a los grupos ilegales y los límites que deben regir el uso estatal de la fuerza— empieza a convertirse en uno de los principales debates de la nueva administración colombiana.
