La Oficina Nacional de Defensa Pública informó que gestiona cerca del 99% de los casos de adolescentes en conflicto con la ley penal en el país, registrando 1,435 procesos hasta el 4 de diciembre de este año. De acuerdo con el defensor público Guillermo Camilo, las cifras de menores involucrados en hechos delictivos se han mantenido históricamente estables y continúan siendo muy inferiores a los procesos que involucran a adultos, que anualmente superan los 21 mil expedientes.
Camilo destacó que la percepción social sobre un aumento en la criminalidad juvenil no se corresponde con los datos oficiales, señalando que el problema real radica en la ausencia de políticas públicas efectivas dirigidas a los sectores más vulnerables. Propuso fortalecer la protección a familias y adolescentes, impulsar la capacitación técnica para jóvenes entre 16 y 18 años, y promover programas comunitarios que involucren a empresas locales para generar oportunidades laborales desde los barrios.
Durante un panel especializado, el defensor público recordó que el sistema penal juvenil dominicano surgió tras la adopción de la Convención de los Derechos del Niño y destacó fallos en intentos de reforma, como el intento de reducir la edad de imputación en 2013. Subrayó además que los pendientes del sistema deben centrarse en un enfoque restaurativo y en políticas que atiendan las causas estructurales que empujan a los jóvenes a situaciones de vulnerabilidad.
