El escándalo del exnuncio apostólico Józef Wesołowski marcó un punto de quiebre en la historia reciente de la Iglesia Católica en República Dominicana. En 2013, el diplomático de origen polaco fue destituido y posteriormente expulsado del estado clerical tras ser acusado de abusar sexualmente de menores en Santo Domingo. El caso provocó una reacción sin precedentes en el Vaticano, donde fue sometido a un proceso canónico y penal, convirtiéndose en el primer embajador papal juzgado bajo la ley del Estado vaticano. Su muerte por causas naturales en 2015 cerró abruptamente un proceso que había sacudido los cimientos morales de la Iglesia.
A más de una década del llamado “sismo moral” que representó el caso Wesołowski, la Iglesia dominicana vuelve a enfrentar cuestionamientos internos. La reciente suspensión de Monseñor Francisco Ozoria por presuntas irregularidades administrativas ha generado preocupación entre feligreses y autoridades eclesiásticas, aunque la naturaleza del caso difiere radicalmente de los delitos atribuidos al exnuncio.
Ambos episodios, sin embargo, reflejan los desafíos que enfrenta la Iglesia en el país: desde la gestión de su estructura interna hasta la necesidad de mayor transparencia en el manejo de sus recursos y en la rendición de cuentas. Estos acontecimientos han reabierto el debate sobre la integridad institucional y la confianza del pueblo dominicano en su liderazgo religioso.
