A poco más de un mes para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, el debate sobre algunos de sus artículos vuelve a cobrar fuerza en el Congreso Nacional. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reconoció que la legislación podría requerir ajustes para atender preocupaciones planteadas por distintos sectores sociales, especialmente en temas relacionados con la libertad de expresión y los delitos contra el honor.
Las observaciones más recurrentes se concentran en las sanciones previstas para figuras como la difamación y la injuria. Organizaciones vinculadas al sector de la comunicación han advertido que algunas disposiciones podrían generar efectos adversos sobre el ejercicio periodístico y las investigaciones de interés público, debido al riesgo de procesos judiciales y penas consideradas excesivas.
Frente a esas inquietudes, Pacheco sostuvo que el Poder Legislativo está dispuesto a revisar el alcance de las sanciones contempladas en la normativa. No obstante, defendió la permanencia de estos delitos dentro del marco penal, argumentando que constituyen herramientas para enfrentar prácticas que, según afirma, afectan tanto a ciudadanos como a funcionarios públicos.
El legislador aseguró que en República Dominicana existe una problemática relacionada con intentos de chantaje y campañas de descrédito a través de algunos espacios de comunicación. Desde su perspectiva, el reto consiste en encontrar un equilibrio que permita proteger la libertad de prensa sin menoscabar el derecho de las personas a preservar su reputación y buen nombre.
Mientras se desarrolla esa discusión, ya han surgido iniciativas dirigidas a modificar aspectos específicos de la ley. Entre ellas figura una propuesta presentada por el senador Antonio Taveras, quien plantea reducir el peso de las sanciones penales en casos de difamación e injuria y priorizar las consecuencias económicas. El proyecto también busca impedir que los medios de comunicación puedan ser cerrados como resultado de este tipo de procesos judiciales.
Otro de los puntos bajo análisis es el artículo 310, que tipifica el delito de ultraje contra funcionarios públicos. La disposición contempla sanciones de prisión y multas para quienes realicen expresiones, amenazas o acciones consideradas ofensivas contra servidores públicos en contextos no públicos. Sus detractores sostienen que la norma podría crear un tratamiento privilegiado para determinadas autoridades, mientras que sus defensores argumentan que protege la dignidad de la función pública.
La discusión se produce después de que el presidente Luis Abinader promulgara la Ley 74-25, estableciendo un período de transición antes de su aplicación definitiva. Ese plazo fue concebido precisamente para identificar posibles vacíos, inconsistencias o disposiciones que requieran revisión antes de su entrada en vigor.
Aunque todavía no se han aprobado modificaciones al texto promulgado, las declaraciones de Pacheco reflejan que el debate permanece abierto. Con la fecha de implementación cada vez más cerca, el Congreso podría verse obligado a acelerar el estudio de propuestas destinadas a corregir aspectos controvertidos de una de las reformas legislativas más amplias y discutidas de los últimos años en el país.
