El nuevo Código Penal dominicano plantea desafíos que van más allá del aumento de las penas, según el abogado Amadeo Peralta, quien advirtió que la aplicación de las nuevas disposiciones podría incrementar considerablemente la población penitenciaria y demandar mayores recursos para el sistema de justicia.
Durante una entrevista en el programa Al Punto Vespertino, Peralta señaló que la legislación incorpora 73 nuevos delitos y contempla sanciones para conductas que, según explicó, anteriormente no estaban tipificadas de la misma manera. Entre ellas mencionó prácticas relacionadas con la brujería y la sustracción o comercialización de cadáveres y ataúdes.
El jurista también cuestionó algunas de las disposiciones relativas a las relaciones sexuales no consentidas dentro de una pareja. A su juicio, estas normas podrían generar conflictos en su aplicación y requieren una interpretación cuidadosa para evitar procesos sustentados únicamente en versiones contrapuestas.
Una de sus principales preocupaciones está relacionada con las consecuencias que tendría la acumulación de condenas. Peralta sostuvo que algunas personas podrían enfrentar penas acumuladas de hasta 60 años, escenario que, según planteó, obligaría al Estado a ampliar la infraestructura penitenciaria y aumentar el personal destinado a la administración de las cárceles.
El abogado estimó que el Gobierno tendría que contemplar la construcción de siete u ocho centros penitenciarios adicionales hacia 2027 para responder a una eventual expansión de la población carcelaria. También consideró necesario incrementar los recursos destinados a la Dirección General de Prisiones y al Poder Judicial.
En materia de criminalidad, Peralta sostuvo que el endurecimiento de las penas por sí solo no garantiza una reducción de los delitos. Aunque reconoció el efecto disuasivo que puede tener una legislación más severa, consideró que la lucha contra la delincuencia requiere medidas adicionales.
Otro sector que, según el jurista, deberá prestar especial atención al nuevo marco legal es el médico. Recomendó a los profesionales estudiar las disposiciones que regulan su ejercicio, particularmente aquellas relacionadas con recetas, certificados y diagnósticos que puedan ser considerados falsos, así como las consecuencias penales derivadas de alegadas malas prácticas.
Peralta también planteó que el sistema de protección frente a la violencia de género debería incorporar mecanismos tecnológicos. Propuso sustituir o complementar las órdenes de alejamiento tradicionales con dispositivos electrónicos para agresores y sistemas de alerta para las personas amenazadas, con el propósito de advertir oportunamente cualquier incumplimiento.
Ante la amplitud de las nuevas disposiciones, el abogado recomendó que el contenido del Código Penal sea difundido en las escuelas y otros espacios educativos para que la población conozca las conductas sancionadas y las consecuencias jurídicas que pueden derivarse de ellas.
