La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó que la suspensión de oficio del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de 11 senadores, realizada el pasado 19 de junio, responde a la aplicación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, la cual establece nuevas restricciones para los funcionarios electos y designados.
La institución explicó que el artículo 38 de la legislación, vigente desde enero de este año, prohíbe que los funcionarios mantengan participación societaria en empresas que contraten con el Estado, sin importar el porcentaje de acciones que posean, además de impedirles ejercer funciones de dirección, gerencia o integrar consejos de administración.
La DGCP recordó que el 13 de febrero emitió la Circular DGCP44-PNP-2026-001, mediante la cual concedió un plazo de 15 días hábiles para que los funcionarios comprendidos en las causales de inhabilidad solicitaran voluntariamente la suspensión de su RPE. Vencido ese período, el organismo procedió a ejecutar las suspensiones de oficio, conforme al Reglamento de Aplicación de la Ley 47-25.
El órgano rector precisó que las verificaciones que dieron origen al acto administrativo forman parte de los procesos rutinarios de control y depuración del Registro de Proveedores del Estado, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Asimismo, enfatizó que estas suspensiones no constituyen una sanción disciplinaria ni una medida punitiva, sino una disposición de carácter preventivo y administrativo destinada a evitar conflictos de interés mientras los funcionarios permanezcan en el ejercicio de sus cargos.
La entidad reveló que, desde la entrada en vigor de la Ley 47-25, ha emitido tres actos administrativos que han suspendido de oficio el RPE de 81 funcionarios electos y designados. Bajo la derogada Ley 340-06, entre 2020 y 2025, fueron suspendidos 591 registros pertenecientes a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, autoridades municipales y empresas vinculadas.
