Los daños ocasionados por accidentes de tránsito a postes del tendido eléctrico, semáforos, transformadores y otras infraestructuras de uso público podrían comenzar a generar procesos automáticos de reclamación económica si prospera una propuesta presentada por el Defensor del Pueblo, que busca fortalecer la responsabilidad civil de quienes provocan estos incidentes.
La iniciativa plantea la creación de una Mesa Técnica Nacional de Responsabilidad Civil por Daños a Infraestructura de Servicios Esenciales, organismo que tendría como misión establecer un expediente obligatorio para documentar, reclamar y recuperar los costos derivados de los daños ocasionados por vehículos en espacios públicos. La propuesta surge como respuesta a la creciente preocupación por las pérdidas económicas que estos hechos generan tanto para las instituciones estatales como para las empresas prestadoras de servicios.
El planteamiento toma impulso en medio del debate sobre la seguridad vial en República Dominicana y coincide con llamados de distintos sectores para endurecer los mecanismos de prevención y sanción frente a los accidentes de tránsito. En ese contexto, el Defensor del Pueblo consideró que el problema requiere una respuesta coordinada del Estado, al entender que las consecuencias de estos siniestros trascienden el ámbito del tránsito y afectan servicios esenciales para la población.
La propuesta será remitida a la Superintendencia de Seguros, entidad a la que se solicita liderar una mesa de trabajo junto al Intrant, la Digesett, el Ministerio Público, las empresas distribuidoras de electricidad, la Superintendencia de Electricidad, los ayuntamientos y la Cámara Dominicana de Aseguradores y Reaseguradores (Cadoar). El protocolo contempla que, tras cada accidente con daños a la infraestructura pública, agentes de la Digesett levanten un acta oficial para identificar al conductor y al propietario del vehículo, verificar la cobertura del seguro y gestionar la reclamación correspondiente.
En caso de que el responsable no cuente con una póliza vigente o esta resulte insuficiente para cubrir los daños, la iniciativa prevé iniciar un proceso de cobro directamente contra su patrimonio, sin excluir las acciones judiciales que puedan derivarse del hecho. Con ello se busca reducir la carga económica que actualmente asumen las instituciones públicas y garantizar que la reparación de la infraestructura afectada no recaiga sobre el Estado.
