Las investigaciones sobre la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph durante una actividad escolar han destapado serias irregularidades en la excursión realizada por el Colegio Da Vinci de Santiago. Documentos del contrato con la hacienda Los Caballos indican que el centro educativo alquiló el espacio para 87 personas, aunque solo habrían asistido tres docentes, dejando bajo su total responsabilidad la seguridad y supervisión del grupo. El contrato, firmado en septiembre, también puntualizaba que la hacienda no asumía responsabilidad por accidentes derivados de descuidos.
Autoridades de rescate y gestión de emergencias confirmaron que la hacienda no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad establecidos por la ley, como señalización de profundidad, rutas de evacuación, salvavidas, botiquines, camillas o equipos de rescate. Pese a estas carencias, el centro educativo decidió realizar la actividad y, además, no contrató salvavidas para la supervisión de las piscinas. A esto se suma que la Regional 08 del Ministerio de Educación afirmó que el colegio no contaba con los permisos requeridos y que la excursión estaba prohibida según normativas vigentes.
El Colegio Da Vinci informó que está colaborando con las autoridades y que espera el informe oficial del Ministerio Público para ofrecer declaraciones. Sin embargo, la familia de la niña asegura que no ha recibido comunicación alguna del centro ni apoyo psicológico tras la tragedia. La procuradora general, Yenny Berenice Reynoso, dispuso profundizar las diligencias del caso para garantizar justicia y respuestas a los parientes de la menor.
