El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, advirtió que se podría lanzar una nueva operación anticorrupción, a la que denominó “Lobo 2.0”, en respuesta a la magnitud del esquema de sobornos detectado en instituciones públicas. Según las investigaciones, una supuesta red compuesta por militares y civiles habría desfalcado al Estado con más de 100 millones de pesos mediante contratos fraudulentos de servicios de seguridad.
Las declaraciones del magistrado se produjeron luego de que el juez Rigoberto Sena impusiera prisión domiciliaria como medida de coerción a los diez imputados del caso. Camacho resaltó que todos quedaron privados de libertad y que el proceso fue declarado complejo, señalando que el esquema descubierto podría ser solo una parte del entramado, por lo que no descarta ampliar la investigación.
Entre los implicados figuran altos oficiales activos y retirados de distintos cuerpos castrenses, incluyendo a Quilvio Rodríguez González, gerente de seguridad de Edenorte, y varios coroneles y generales del Ejército y la Fuerza Aérea. Camacho también expresó preocupación por decisiones judiciales que, a su juicio, podrían desincentivar la colaboración de los implicados y los acuerdos procesales que favorecen el avance de las investigaciones.
