En los últimos cinco años, un total de 157,562 casos han sido judicializados en República Dominicana, de los cuales 7,825 han visto la extinción de la acción penal en los tribunales de primer y segundo grado, según datos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Esta medida, que implica la finalización de un proceso judicial por el vencimiento del plazo establecido de cuatro años en el Código Procesal Penal Dominicano, se ha aplicado por diversas razones como vencimiento del proceso, prescripción, desistimiento, y fallecimiento del imputado, entre otras.
En el año 2024 solo, se extinguieron 2,756 casos, destacándose el Distrito Nacional con 183 instancias, un aumento significativo del 150% con respecto al año anterior. Otros distritos como San Cristóbal y La Vega también mostraron aumentos drásticos en las solicitudes de extinción penal, reflejando cambios importantes en la administración judicial durante el quinquenio.
Este fenómeno judicial ha impactado notablemente en casos emblemáticos como el de los aviones Super Tucano y la venta fraudulenta en Bahía de las Águilas, destacando la complejidad y los desafíos legales que enfrenta el sistema de justicia dominicano en la gestión de estos procesos.
