El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, presentó su Declaración Jurada de Patrimonio correspondiente al año 2024, la cual refleja una disminución del 5% en comparación con la presentada en 2020. En su última declaración, Abinader reportó un patrimonio total de RD$3,972 millones, mientras que en 2020 había declarado RD$4,182 millones.
Desglose del Patrimonio: En 2024, los activos del mandatario ascienden a RD$4,219 millones, mientras que los pasivos se sitúan en RD$247 millones. En comparación, en 2020 Abinader había reportado activos por RD$4,326 millones y pasivos de RD$143 millones.
El presidente anexó a su declaración un documento notarizado en el que asegura que todos sus bienes inmuebles e inversiones societarias se encuentran en territorio dominicano, cumpliendo con sus obligaciones fiscales en el país.
Cambio en la Estructura del Patrimonio: La variación en los montos declarados se atribuye a un cambio en la forma en que se contabilizan las participaciones de Abinader en las empresas familiares. Mientras que en 2020 estas acciones se reflejaban directamente, en 2024 se han incluido en un fideicomiso familiar creado ese mismo año. Este fideicomiso contempla utilidades retenidas, nuevos activos adquiridos y derechos sobre la sucesión familiar, lo que ha afectado el valor total declarado.
El incremento en los pasivos en 2024 se debe a la formalización de la compra de propiedades en La Julia, un proceso que estaba en trámite durante 2020.
¿Qué es una Declaración Jurada de Patrimonio? La Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) es un inventario detallado de los bienes de un funcionario, que incluye tanto su patrimonio personal como el de su comunidad conyugal. Además, contiene otras informaciones de interés relacionadas con el cumplimiento de sus responsabilidades fiscales.
¿Cómo se presenta la DJP? Para presentar la DJP, el funcionario debe completar un formulario vía el sistema nacional automatizado, disponible en el portal web de la Cámara de Cuentas. Luego, este formulario debe ser entregado impreso y con las firmas legalizadas por un notario público, acompañado de los documentos que respalden la declaración. Es fundamental que los datos sean fidedignos y comprobables mediante la documentación presentada.
