Después de la pandemia del COVID-19, el costo de las viviendas en República Dominicana ha aumentado entre un 35% y un 40%, según Annerys Meléndez, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi). Esta información se basa en estudios realizados por la Oficina Nacional de Estadísticas.
Los elementos que más han contribuido a este aumento son el acero y el cemento, que representan el 40% de los materiales utilizados en la construcción de viviendas. Otros insumos, como la pintura y la madera, también han experimentado incrementos de entre un 30% y un 50%.
Meléndez menciona que hay una tendencia a la baja y que se espera que las condiciones mejoren hacia finales de año.
Además, aborda la idea errónea de que los haitianos son la mayoría en la construcción en República Dominicana y aclara que, si bien la mano de obra haitiana puede ser más común en la etapa inicial de construcción (la «etapa gris»), la terminación de las viviendas (la «etapa de acabado») suele involucrar trabajadores dominicanos. Añade que el uso de mano de obra haitiana no está relacionado con los precios, ya que existen salarios mínimos sectorizados para trabajadores de la construcción.
Por otro lado, destaca la necesidad de una mayor capacitación y tecnificación de la mano de obra en el sector de la construcción. Acoprovi está trabajando en una Escuela Nacional de Formación de Técnicos de la Construcción en colaboración con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) para abordar esta escasez de mano de obra especializada.
En cuanto al impacto del cierre de la frontera con Haití, Meléndez indica que no ha afectado el funcionamiento del sector, ya que consideran que tienen suficiente mano de obra extranjera en el país. Asegura que Acoprovi cumple con la disposición del Código de Trabajo que estipula que al menos el 80% de los trabajadores en una empresa debe ser dominicano, mientras que el 20% puede ser extranjero.
El sector de la construcción en República Dominicana genera alrededor de 400,000 empleos directos e indirectos, aunque muchos de ellos no están formalizados y, por lo tanto, carecen de seguridad social. Además, se menciona la importancia de la aprobación de un proyecto de ley sobre alquileres de bienes inmuebles y desahucios que está en el Congreso Nacional y que busca garantizar los derechos tanto de los propietarios como de los inquilinos.
