República Dominicana se enfrenta a un dilema crítico a medida que su expansión inmobiliaria consume vastas extensiones de tierras agrícolas, llevando a agricultores a vender sus preciosos terrenos cultivados en favor de proyectos urbanos más lucrativos.
Un ejemplo de esto es el señor Luis Bencosme, quien hace cinco años tomó la decisión de vender sus tierras repletas de mangos y limones en la pintoresca provincia de Puerto Plata, desencantado por las pérdidas que sufría en la agricultura. Hasta ahora, ha vendido 30,000 metros cuadrados de terreno, con al menos 6,000 destinados a la construcción de viviendas. En esta región, el valor por metro cuadrado puede alcanzar hasta 3,000 pesos.
Bencosme explica su decisión: «Voy a vender 10,000 metros más para construir 10 villas (para alquilar). Necesito los recursos para ese proyecto. Lo que las villas me darán nunca lo conseguiré con la agricultura». Sus planes incluyen la construcción en terrenos con árboles frutales, que ya no son rentables para él.
Esta tendencia de vender tierras agrícolas para proyectos urbanos con beneficios inmediatos se está replicando en todo el país, ya que los agricultores buscan alternativas a las pérdidas y la incertidumbre que conllevan las condiciones climáticas cambiantes y las temporadas de sequía, atribuidas al cambio climático, junto con la amenaza de las temporadas de huracanes.
La cesión de tierras con vocación agrícola sin una planificación urbana adecuada ha llevado a la República Dominicana a perder aproximadamente un millón de tareas de tierra para la agricultura en los últimos 25 años, lo que equivale aproximadamente al tamaño de la provincia de La Romana.
En 1995, el 40.1% de la superficie nacional estaba dedicada a actividades agrícolas, pero para 2020, este porcentaje había disminuido al 33.2%, según datos del Ministerio de Economía. Además de Puerto Plata, provincias como Pedernales, San Cristóbal, Barahona, Samaná, Monseñor Nouel, Duarte y el Distrito Nacional han experimentado las mayores pérdidas de tierras agrícolas, disminuyendo entre un 30 y un 48% en un cuarto de siglo.
Para aquellos agricultores que siguen luchando por mantenerse en la agricultura, enfrentan obstáculos como la escasez de agua, la variabilidad de los ciclos de lluvia y la construcción de residencias y escuelas en sus cercanías, lo que dificulta las labores diarias.
Además, la próxima generación no ve la agricultura como una opción atractiva para su sustento, lo que resulta en una migración hacia las ciudades y la pérdida de mano de obra agrícola.
El Ministro de Agricultura, Limber Cruz, cree que una solución para frenar la expansión urbana en tierras agrícolas es desarrollar proyectos urbanos de forma vertical y aplicar la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, promulgada en diciembre de 2022. Sin embargo, la falta de reglamentos de aplicación para esta ley está obstaculizando su plena efectividad.
La República Dominicana cultiva principalmente productos tradicionales, frutas y plátanos, con un 41.9% de las tierras agrícolas que dependen de la lluvia, sin sistemas de riego. La sequía y otros desafíos climáticos han llevado a agricultores como Bencosme a buscar salidas en la construcción y el desarrollo inmobiliario.
La expansión inmobiliaria ha experimentado un crecimiento constante en los últimos años, contribuyendo significativamente al producto interno bruto (PIB) del país. El valor agregado del sector de la construcción aumentó un 23% en 2022, contribuyendo al 15.2% del PIB, en comparación con el 5.8% del sector agropecuario.
A medida que más tierras agrícolas se convierten en desarrollos urbanos, se plantea la cuestión de cómo mantener un equilibrio entre el crecimiento urbano y la conservación de la producción de alimentos, lo que destaca la necesidad urgente de aplicar adecuadamente la Ley de Ordenamiento Territorial y tomar medidas para proteger las tierras agrícolas.
