El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ratificó la prisión preventiva que pesa en contra de tres imputados en el caso de trata de mujeres con fines de explotación sexual, denominado por el Ministerio Público «Cattleya».
La jueza Altagracia Ramírez ratificó la medida de coerción a los imputados José Miguel Michel Gurdis, Angélica Johanna Quintero y Daniel Enrique Inirio Abreu, quienes presentaron los mismos elementos y presupuestos que el pasado mes de noviembre mostraron al tribunal en la revisión obligatoria.
El representante del Ministerio Público, Eduardo Velázquez explicó que la juzgadora mantuvo la prisión preventiva por la gravedad del hecho.
En el expediente instrumentado por el órgano persecutor, establecen que en la red hay 16 imputados y tres hoteles, explicando que los captadores de las víctimas se aprovechaban del estado de pobreza y vulnerabilidad, para ofrecerles un trabajo lícito en República Dominicana.
“La organización criminal utilizó el engaño como estrategia para lograr la captación de mujeres venezolanas y colombianas que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad (en estado de necesidad y pobreza), a quienes les ofrecían venir a la República Dominicana para trabajar como camareras en bares o restaurantes de la zona turística de Bávaro, Punta Cana, en la provincia La Altagracia, bajo la promesa de recibir altos ingresos económicos”, extraído de la solicitud de coerción.
En dicho documento se explica, que de esta manera lograban el interés de las víctimas que, en todos los casos, se encontraban necesitando tener mejores condiciones de vida en su país de origen, y para facilitar su traslado el país, la estructura criminal se encargaba de cubrir los gastos de pasaje aéreo, emisión de pasaportes (en caso de ser necesario).
Asimismo, sostiene el documento que esto generaba una deuda que las mujeres debían comprometerse a pagar una vez estuvieran en territorio dominicano, bajo la promesa de obtener atractivos beneficios económicos a su favor, sin establecerles el monto a que ascendería la deuda.
Los encargados de la red informaba a las víctimas que la deuda que debían pagar por concepto de gastos del viaje, hospedaje y alimentos consumidos aquí en el país, ascendía entre US$3,000.00 a US$4,000.00 dólares y que para pagar la misma debían sostener relaciones sexuales con los clientes.
Dichos clientes eran buscados por los miembros de la organización, quienes demandaban este tipo de servicio, siendo este el momento en el que las víctimas descubrían que fueron engañadas y que el trabajo que se les había ofrecido era diferente al cual realizarían.
