JusticiaSalud

SeNaSa 2.0 pone bajo investigación a médicos, empresarios y ejecutivos de farmacias

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público abrió este viernes una nueva fase de la investigación por el presunto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), con allanamientos simultáneos en distintos puntos del país que han dejado decenas de detenidos, entre ellos médicos y empresarios vinculados al sector farmacéutico.

Los operativos fueron ejecutados desde la madrugada por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), como parte de las pesquisas que las autoridades mantienen sobre un supuesto esquema de desvío de recursos dentro de la aseguradora estatal.

La titular de la Pepca, Mirna Ortiz, confirmó la realización de los allanamientos y señaló que entre las personas detenidas hay profesionales de la medicina. Hasta el transcurso de la mañana, sin embargo, el Ministerio Público no había ofrecido un balance definitivo sobre la cantidad de arrestos ni había detallado todas las imputaciones individuales.

Entre los nuevos investigados figuran al menos siete médicos ortopedas representados por el abogado Jorge Contreras. El jurista afirmó que sus clientes son señalados de haber presentado presuntamente facturas por servicios médicos que no habrían realizado. También informó sobre la detención de ejecutivos relacionados con dos cadenas de farmacias.

La intervención alcanzó además viviendas y establecimientos vinculados a profesionales de la salud. Abogados que acudieron a la Procuraduría General de la República indicaron que algunos de sus representados fueron arrestados luego de allanamientos realizados en horas de la madrugada, mientras esperaban conocer el contenido específico de las acusaciones.

La nueva etapa amplía una investigación que comenzó a judicializarse en diciembre de 2025 con la denominada Operación Cobra. El Ministerio Público sostiene que durante la gestión de Santiago Hazim al frente de SeNaSa habría operado una estructura que utilizaba contratos, facturaciones y otras operaciones para desviar recursos de la institución.

De acuerdo con la acusación preliminar de las autoridades, el supuesto esquema habría generado un impacto financiero cercano a los RD$16,000 millones. La primera fase llevó a los tribunales a antiguos funcionarios de SeNaSa y empresarios relacionados con compañías proveedoras de la aseguradora.

El proceso inicial incluyó a diez imputados. Siete recibieron 18 meses de prisión preventiva, mientras que los otros tres fueron sometidos a arresto domiciliario. La investigación continuó abierta para determinar la posible participación de otras personas y profundizar el análisis de documentos, transacciones y peritajes.

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional autorizó el pasado 4 de septiembre una extensión de cuatro meses para que los fiscales concluyan las pesquisas relacionadas con los primeros procesados. El nuevo plazo se extiende hasta el 11 de diciembre y fue solicitado por el Ministerio Público debido al volumen de información que permanece bajo análisis.

La ampliación de las diligencias se produce, por tanto, antes de que concluya ese período de investigación y mientras los fiscales continúan incorporando elementos al expediente. Las nuevas detenciones podrían derivar en actuaciones judiciales adicionales, aunque todavía no se ha informado cuáles de los arrestados serán formalmente sometidos ante los tribunales.

El presidente Luis Abinader se refirió este viernes al caso y pidió que las investigaciones sean profundizadas y que cualquier persona contra la que existan méritos suficientes sea llevada ante la justicia. El mandatario señaló además que el proceso debe servir como advertencia frente a posibles actos de corrupción, especialmente cuando involucren recursos del sistema de salud.

Hasta el momento, la Procuraduría no ha divulgado el número definitivo de allanamientos, la totalidad de los detenidos ni las conductas específicas atribuidas a cada uno de los nuevos investigados. Esos elementos deberán quedar establecidos conforme avance la investigación y el Ministerio Público determine cuáles actuaciones judiciales corresponden en cada caso.

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