La Penitenciaría Nacional de La Victoria, inaugurada en 1952 como emblema de modernización del Estado dominicano, cerró sus puertas tras una larga historia marcada por el hacinamiento, la violencia y la corrupción. Construida con una inversión de RD$915 mil durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, el penal fue concebido para albergar unos 2,000 internos, pero con el paso de los años llegó a concentrar cerca de 9,000 privados de libertad, convirtiéndose en uno de los principales focos de la crisis carcelaria del país.
El deterioro de sus instalaciones, la falta de higiene y el autogobierno interno propiciaron mafias, extorsiones y tráfico de armas y drogas, mientras brotes de enfermedades, inundaciones y motines evidenciaron la vulnerabilidad del recinto. La pandemia del Covid-19 agravó la situación en 2020 y, más recientemente, un incendio provocado por un cortocircuito el 19 de marzo de 2024 dejó 13 reclusos muertos, hecho que aceleró el traslado de internos al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y el cierre técnico del penal.
Además de su colapso estructural, La Victoria fue escenario de represión política durante décadas, albergando a opositores, estudiantes y activistas, incluidas figuras históricas como las hermanas Mirabal y dirigentes del Movimiento 14 de Junio. Tras más de 70 años de funcionamiento, el cierre del recinto pone fin a un capítulo oscuro del sistema penitenciario dominicano y reabre el debate sobre la reforma carcelaria y el respeto a los derechos humanos.
