SANTO DOMINGO.- Una estructura criminal que, de acuerdo con la investigación, perjudicó a 141 personas en Estados Unidos con pérdidas estimadas en US$5 millones enfrentará un nuevo capítulo judicial en República Dominicana, luego de que el Ministerio Público presentara acusación formal contra 13 personas y cinco sociedades comerciales por presunta estafa electrónica, crimen organizado y lavado de activos.
La acusación fue depositada ante el Juzgado de la Instrucción de Santiago y sostiene que la organización utilizaba centros de llamadas clandestinos, ingeniería social y suplantación de identidad para engañar a sus víctimas, especialmente adultos mayores. Entre los métodos descritos aparecen falsas representaciones de autoridades o familiares, intimidación y sextorsión.
El expediente atribuye a Kelvin Bladimir Vásquez Santana, Yliana María Cruz García, Bernardo Taveras Vélez, Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Juan Luis Naranjo Gómez, José Ramón López Tavárez (a) William el Técnico, Luis Eduardo Méndez Ureña, Gipsy Pamela Castaños García, Ana Marleny Estévez Díaz, Justa Vélez Genao, Miguel José Rodríguez Grullón y Natasha Yaleidy Rodríguez de Naranjo participación en la estructura investigada.
También fueron acusadas las sociedades Inversiones Dolores Santana Inverdosa, E.I.R.L. (INVERDOSA), JLNG Terracell, S.R.L., Rodríguez Vásquez MK Comercial, S.R.L., INVERMEG, E.I.R.L. y Qemert Pro Technology, S.R.L., a las que se atribuyen distintas infracciones vinculadas con lavado de activos, régimen tributario y legislación monetaria y financiera.
La investigación describe un esquema que no terminaba con la obtención del dinero. Los recursos presuntamente sustraídos en Estados Unidos eran enviados hacia República Dominicana mediante transferencias bancarias, remesadoras, criptomonedas, intermediarios y terceros, antes de ser incorporados al sistema económico a través de compañías, inmuebles, vehículos y otras operaciones.
Las pesquisas financieras identificaron movimientos que iban desde RD$12 millones hasta más de RD$120 millones entre integrantes de la estructura. El expediente también registra operaciones financieras superiores a RD$134.8 millones y acreditaciones bancarias que superaron los RD$20 millones en períodos inferiores a un año.
Para los investigadores, esas operaciones no corresponden con las actividades económicas ni con los ingresos lícitos declarados por los acusados. El análisis financiero apunta así a un incremento patrimonial significativo durante el período 2022-2023 y a una capacidad económica que, según la acusación, no estaría justificada por fuentes legales.
El Ministerio Público divide el funcionamiento de la organización en cuatro fases: captación de las víctimas, ejecución del fraude mediante suplantación, traslado de los recursos y posterior lavado de activos. En conjunto, el mecanismo habría permitido mantener conexiones entre República Dominicana y distintas ciudades estadounidenses.
La investigación contó con la cooperación del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos y con el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.
La acusación fue presentada por el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Manuel Camacho; la titular de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, Ramona Nova Cabrera; la fiscal titular de Santiago, Quirsa Milagros Abreu Peña, y el fiscal Claudio Alberto Cordero Jiménez.
Camacho sostuvo que el expediente establece las responsabilidades individuales atribuidas, reconstruye la ruta del dinero y reúne los elementos probatorios con los que el tribunal podrá examinar el funcionamiento de la estructura.
A los acusados se les atribuyen violaciones de los artículos 265, 266 y 405 del Código Penal dominicano, además de disposiciones de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
En el caso de Vásquez Santana, Rodríguez Grullón y Naranjo Gómez, la acusación incluye además presuntas infracciones de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados. A las cinco sociedades comerciales se les atribuyen, además, violaciones de disposiciones de la Ley 11-92 sobre Régimen Tributario y la Ley 183-02 Monetaria y Financiera.
El proceso local forma parte de la Operación Discovery 3.0, dirigida contra estructuras que, de acuerdo con las autoridades, utilizaban el territorio dominicano como plataforma para ejecutar fraudes contra personas en el extranjero y posteriormente movilizar y ocultar los beneficios obtenidos.
Como antecedente del caso, cuatro de los principales líderes señalados por las autoridades —Óscar Manuel Castaños García, Joel José Cruz Rodríguez, Edward José Puello García y Gerardo Heriberto Núñez Núñez— fueron extraditados a Estados Unidos. Los cuatro enfrentan actualmente un proceso judicial ante un tribunal de Boston, Massachusetts.
Con la nueva acusación, el Ministerio Público busca llevar ante los tribunales dominicanos a los integrantes y sociedades que, según sostiene la investigación, participaron en las distintas fases de una operación que combinaba fraude digital, movilización internacional de dinero y mecanismos empresariales y financieros para intentar ocultar su procedencia.
