El proceso judicial vinculado al ataque ocurrido en el condominio Naco Dorado IV, en el sector Naco del Distrito Nacional, entra en una nueva fase este lunes con la revisión del recurso de apelación presentado contra la decisión que favoreció a Jean Andrés Pumarol mediante un auto de no ha lugar.
La audiencia será conocida por la Segunda Sala de la Corte de Apelación de la Cámara Penal del Distrito Nacional, que deberá evaluar si se mantienen los efectos de la resolución emitida en primera instancia o si el expediente debe avanzar hacia la apertura de un juicio de fondo por los hechos que dejaron una persona fallecida y cinco heridos.
En el centro del debate se encuentra la solicitud de los familiares de la víctima mortal, Yolanda Handal Abugabir, quienes junto a sus representantes legales buscan que se revoque la decisión del Séptimo Juzgado de la Instrucción. Su planteamiento sostiene que existen elementos suficientes aportados por el Ministerio Público y los actores civiles que justificarían la continuidad del proceso penal.
Desde la parte acusadora se cuestiona el alcance de la decisión del tribunal de instrucción, al considerar que se evaluaron aspectos que corresponden a una etapa posterior del proceso judicial. En su criterio, esto habría limitado la posibilidad de que las pruebas sean debatidas en un juicio de fondo con mayor amplitud procesal.
Otro punto central del recurso se relaciona con el tratamiento de la condición del imputado dentro del proceso. Los abogados de la familia sostienen que, a partir de evaluaciones periciales, se habrían identificado indicios de posibles episodios de inestabilidad psicológica y riesgos asociados, lo que debió ser considerado dentro del marco de medidas de seguridad previstas por la normativa penal.
Sin embargo, en el expediente también figura un informe forense que indica que el imputado cuenta con capacidad cognitiva suficiente para comprender el proceso judicial, enfrentar el juicio y participar en las audiencias, lo que introduce una discusión técnica sobre el grado de imputabilidad y el alcance de su responsabilidad procesal.
La discusión jurídica que ahora recae sobre la Corte de Apelación gira en torno a la interpretación de las figuras de no ha lugar y de las medidas de seguridad dentro del sistema penal dominicano, particularmente cuando se debate la existencia del hecho, la participación del imputado y su condición mental al momento del proceso.
El caso ha sido objeto de múltiples acciones legales por parte de familiares de varias de las personas afectadas en el incidente, quienes insisten en que la decisión inicial no respondió de manera adecuada a la gravedad de los hechos ocurridos dentro del residencial.
Mientras tanto, el tribunal de alzada deberá determinar si el expediente contiene méritos suficientes para ser enviado a juicio o si, por el contrario, se confirma el cierre dispuesto en la etapa preliminar.
La decisión que adopte la Segunda Sala tendrá impacto directo en el curso del proceso, ya que definirá si el caso continúa hacia una fase de debate oral o si queda definitivamente cerrado en esta instancia.
