SANTO DOMINGO.- El Ministerio de Administración Pública (MAP) elaborará durante 2027 el Reglamento General de Inteligencia Artificial para el Sector Público, una normativa que establecerá las condiciones para incorporar y utilizar estas tecnologías en las instituciones estatales. La propuesta será remitida al Poder Ejecutivo para su aprobación mediante decreto.
El instrumento busca establecer criterios comunes sobre gobernanza, gestión de riesgos, transparencia, responsabilidades institucionales y protección de los derechos ciudadanos, con el propósito de ordenar la adopción de sistemas de inteligencia artificial en la administración pública.
El anuncio fue realizado por el MAP como parte de los próximos pasos para consolidar la gobernanza de estas herramientas en el Estado dominicano y dar continuidad a las disposiciones establecidas en el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, aprobado mediante el Decreto núm. 787-26.
Reglas para proteger los derechos ciudadanos
El código establece principios y obligaciones para garantizar que el uso de inteligencia artificial en las instituciones públicas respete la protección de datos personales, la no discriminación, el debido proceso y la supervisión humana.
También contempla evaluaciones de impacto para los sistemas cuyo funcionamiento pueda incidir significativamente en derechos fundamentales, el acceso a beneficios públicos o la prestación de servicios esenciales.
El ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, valoró la aprobación de este instrumento y explicó que el objetivo es incorporar las nuevas tecnologías bajo reglas claras, aprovechando los mecanismos de transformación digital y modernización administrativa ya existentes, sin generar duplicidades ni cargas innecesarias.
Durante la implementación, el MAP promoverá los lineamientos correspondientes a sus competencias rectoras en coordinación con la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), responsable de la supervisión ética, y la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), que tendrá a su cargo las funciones técnicas contempladas en el decreto.
Cinco líneas de trabajo para modernizar el Estado
Freund explicó que la agenda institucional contempla cinco áreas interconectadas: datos e interoperabilidad; digitalización administrativa y servicios proactivos; arquitectura pública digital; coordinación de inversiones tecnológicas; y formación de los servidores públicos.
Entre las disposiciones aprobadas que respaldan esta estrategia figura el Decreto núm. 403-26, mediante el cual se establece el Marco Nacional de Interoperabilidad y Gobernanza de Datos. Esta iniciativa procura facilitar el intercambio seguro de información entre instituciones y reducir los documentos que se solicitan a los ciudadanos para acceder a servicios públicos.
También está el Decreto núm. 384-26, que impulsa la Estrategia Nacional de Servicios Proactivos, orientada a que las entidades estatales puedan anticiparse gradualmente a determinadas necesidades de la población y facilitar el acceso a servicios y beneficios.
A estas medidas se suma el Decreto núm. 714-26, que establece el Reglamento de Coordinación e Interés Estratégico de la Infraestructura Digital del Estado. Su propósito es mejorar la articulación de las inversiones tecnológicas, evitar proyectos duplicados y fortalecer la eficiencia y sostenibilidad de los servicios digitales.
El ministro sostuvo que la inteligencia artificial debe contribuir a simplificar la relación entre las personas y el Estado, para lo cual se necesitan datos confiables, instituciones coordinadas, inversiones bien dirigidas y personal capacitado.
Capacitación y evaluación de las capacidades nacionales
Como parte de los preparativos, el MAP trabaja en un Marco de Competencias Digitales para Servidores Públicos, junto al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
La propuesta busca orientar la formación y actualización del personal estatal ante las nuevas exigencias de la administración pública, incluyendo el manejo de datos, el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial y las habilidades necesarias para transformar los servicios.
Freund señaló que la incorporación de estas tecnologías debe estar acompañada de procesos de capacitación que permitan a los servidores públicos comprender sus oportunidades, riesgos y responsabilidades, de manera que su utilización responda al interés general.
La agenda también toma como referencia la Evaluación del Panorama de la Inteligencia Artificial (AILA, por sus siglas en inglés), desarrollada por el MAP con apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
La misión técnica de esta evaluación se realizó en marzo de 2026 y permitió examinar las condiciones del país para adoptar la inteligencia artificial de manera responsable. Entre los aspectos considerados figuran la infraestructura, la disponibilidad y gobernanza de datos, el talento especializado, las capacidades institucionales y los marcos regulatorios y éticos.
Los resultados servirán para identificar prioridades y orientar las siguientes etapas de la política pública sobre inteligencia artificial, incluido el fortalecimiento institucional y la elaboración del reglamento previsto para 2027.
