SANTO DOMINGO.- La defensa de la cirujana general Laura Santana sostiene que la médica quedó vinculada a la investigación de la operación Cobra 2.0 después de entregar su código profesional para supuestas reclamaciones médicas, sin conocer, según su abogado, el uso que se daría a esas autorizaciones.
El abogado Ramón Almarante explicó que su representada habría sido contactada por Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado por el Ministerio Público como uno de los principales implicados en el supuesto fraude contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Según la versión de la defensa, Guzmán le planteó que otro médico estaba enfermo y necesitaba la colaboración de profesionales que facilitaran sus códigos.
La explicación de Almarante coloca el supuesto mecanismo de captación de médicos entre los elementos que la defensa busca aclarar antes de que se conozcan las medidas de coerción. El abogado afirmó que Santana ha reconocido ante las autoridades las actuaciones que realizó y ha explicado las circunstancias en que ocurrieron.
“Hasta ahora nuestra representada ha sido honesta”, declaró Almarante, quien sostuvo que la médica ha ofrecido a los investigadores su versión de los hechos y las razones por las que terminó relacionada con el expediente.
De acuerdo con el representante legal, las autoridades atribuyen preliminarmente a Santana la realización de procedimientos u operaciones que supuestamente no contaban con las autorizaciones correspondientes. La defensa, sin embargo, sostiene que detrás de esas actuaciones habría existido un esquema en el que terceros gestionaban posteriormente las reclamaciones utilizando los códigos facilitados por los médicos.
Almarante afirmó que los profesionales eran contactados con propuestas para realizar determinados trabajos y que después otras personas se encargaban de tramitar las reclamaciones. También alegó que se trataba de instrucciones provenientes de niveles superiores, lo que, según su versión, colocaba a los médicos en una posición en la que tenían dificultades para negarse.
Mientras las defensas comienzan a fijar sus posiciones, el Ministerio Público mantiene los interrogatorios de las personas detenidas durante la segunda fase de la investigación sobre el supuesto fraude a SeNaSa.
Desde alrededor del mediodía, entre 13 y 15 detenidos eran entrevistados en la sede de la Procuraduría General de la República. Las entrevistas tenían, en la mayoría de los casos, una duración aproximada de entre 20 y 25 minutos, mientras familiares permanecían en los alrededores a la espera de información sobre sus parientes.
La investigación, denominada Cobra 2.0, dejó aproximadamente 28 personas detenidas durante los allanamientos realizados desde la madrugada del viernes, de acuerdo con las informaciones ofrecidas por las autoridades. Entre los investigados figuran médicos y otras personas cuya eventual responsabilidad penal deberá determinarse a partir de las evidencias reunidas.
La defensa de Santana indicó que se encuentra preparada para la audiencia en la que se conocerán las medidas de coerción y que ha mantenido conversaciones con representantes del Ministerio Público durante el desarrollo de las diligencias.
El Ministerio Público dispone del plazo legal correspondiente para presentar la solicitud de medidas de coerción contra los detenidos. Hasta que ese procedimiento avance, las acusaciones y explicaciones ofrecidas por las partes permanecen dentro del ámbito de una investigación en curso y deberán ser establecidas ante los tribunales mediante las pruebas correspondientes.
